Por Academia Nacional de Ciencias Económicas
En ejercicio de sus responsabilidades para con la sociedad, la institución presenta el siguiente balance sobre el discurrir económico de la Nación durante el año 2018
Sexto año consecutivo de contracción económica
El año 2018 registra el peor desempeño de la economía venezolana en muchos aspectos. La economía se redujo en 18 % según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue del 15 %. Ha sido el sexto año consecutivo de contracción, arrojando una caída del ingreso por habitante en torno al 50 %, el peor desempeño conocido para un país no incurso en una guerra. El hecho de corresponder con el período íntegro de gobierno de Nicolás Maduro no es coincidencia, sino resultado de perpetuar un conjunto de políticas adversas al bienestar de la población, cuyos efectos negativos se hicieron aún más visibles una vez retrocedieran los precios internacionales del crudo desde los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014. Estas políticas han desatado una pavorosa hiperinflación que ha devastado el tejido económico, arruinando a la inmensa mayoría de los perceptores de ingreso. En consecuencia, han producido un empobrecimiento acelerado de los venezolanos, con sus trágicas secuelas de hambre, enfermedades y muertes.
A lo largo de este período, la ANCE, por su cuenta o acompañada por las otras Academias Nacionales, ha hecho numerosas recomendaciones al gobierno, instándolo a rectificar y a instrumentar un conjunto de acciones y medidas para superar el grave deterioro en las condiciones de vida de la población. Asimismo, calificados economistas han reiterado tales señalamientos en presentaciones diversas y entrevistas. El gobierno, no obstante, ha insistido en mantener sus políticas, lo que lleva a concluir que persigue deliberadamente objetivos contrarios al bienestar de los sectores mayoritarios de la población.
La hiperinflación
El problema crucial que hoy aqueja a los venezolanos en lo económico es el de la hiperinflación. El año que culmina registra un alza general de precios de casi 1.700.000 % según la Asamblea Nacional, único órgano oficial que publica cifras al respecto. Ello es resultado del desequilibrio abismal entre una demanda por bienes y servicios producida por políticas fiscales y monetarias que multiplicaron los dineros del público varios centenares de veces durante el año1, y una oferta que caía estrepitosamente2. Además, al entrar la economía en hiperinflación en noviembre de 2017, desapareció toda confianza en el bolívar: la urgencia por gastarlo cuanto antes multiplicó su velocidad de circulación, impulsando aún más la vorágine de los precios en ascenso y retroalimentando las expectativas hiperinflacionarias.
Trágicamente, el gobierno se limitó solo a quitarle cinco ceros a la moneda para conformar, a comienzos de septiembre, una nueva unidad monetaria. Al no rectificar sus políticas, la hiperinflación venezolana se convirtió en una de las más prolongadas, magnificando sus estragos sobre la población y reduciendo la capacidad de compra de la nueva moneda al cerrar el año a apenas un 2 % de cuando se emitió. Desde que el país entró en hiperinflación, el salario mínimo, incluyendo bono de alimentación, vio contraer su poder adquisitivo en más de 96 %, a pesar de haberse incrementado en cinco oportunidades.
Una gestión pública violatoria del ordenamiento constitucional
En la génesis de tal disrupción se encuentra una gestión pública caracterizada por gastos muy por encima de los ingresos, arrojando déficits superiores al 20 % del PIB. Por el lado de los ingresos, la hiperinflación desatada redujo significativamente el valor real de la recaudación tributaria (efecto Olivera- Tanzi). A ello se añade la exoneración por decreto a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y las demás empresas mixtas3 del pago del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2018. La brecha entre los disminuidos ingresos y un gasto en expansión se cubrió con financiamiento monetario –el llamado dinero “inorgánico”. Este aumentó más de 9 mil veces durante el año con la complicidad de un Banco Central que violó abiertamente su objetivo fundamental, establecido en el artículo 318 de la Constitución Nacional, que se expresa en “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria.”4
Tampoco la gestión presupuestaria nacional observó el ordenamiento jurídico que debía regirla. El presupuesto para 2018, al igual que el del año anterior, no fue sometido a la consideración de la Asamblea Nacional, como pauta el numeral 6 del artículo 187 y el artículo 313 de la Constitución5. Los créditos adicionales, inflados por la hiperinflación, tampoco fueron aprobados por el órgano legislativo, como contempla igualmente el artículo 187. Alegando un “estado de excepción”, el Ejecutivo aprobó un decreto de emergencia económica, sin la autorización de la Asamblea Nacional estipulada en el artículo 339 de la Carta Magna, que ha prolongado indefinidamente, en desapego a la limitación que impone su artículo 3386. Arbitrariamente se arrogó la potestad de ejecutar gastos al margen de los mecanismos constitucionales de control y supervisión, sin rendir cuentas y en ausencia total de transparencia, práctica que se ha prestado a todo tipo de irregularidades en contra de los intereses de la Nación.
Un artilugio que retroalimenta la hiperinflación
El desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional rompe con el equilibrio de poderes, consustancial a la República. El Ejecutivo se arroga potestades legislativas, conformando para sí una especie de “ley habilitante” permanente que ampara gastos sin control ni freno alguno, apoyándose a veces en una “asamblea constituyente” írrita y/o en un Tribunal Supremo viciado. Durante 2018 fue imposible disponer de información clara y oportuna de la ejecución presupuestaria, ni conocer las bases de su formulación para 2019. En tal contexto, el Ejecutivo asumió compromisos sin plan ni concierto ante el agravamiento de las penalidades de la población causado por sus políticas. Multiplicó dádivas, bonos y transferencias en especies a través de un programa discrecional de reparto sujeto a la posesión de una tarjeta de racionamiento llamada “carnet de la patria”, un sistema de control social -clientelar en extremo- que busca evitar protestas ante la disminución estrepitosa de la remuneración real de los venezolanos. Se instituyó así un círculo vicioso en el que el mayor gasto del gobierno no puede sino financiarse con la emisión de dinero sin respaldo, alimentando aún más la dinámica hiperinflacionaria.
La asfixia de las fuerzas productivas
A la par que el gobierno avivó el alza general de precios en 2018, continuó con sus políticas de acoso al sector privado a través de controles de precio y con normativas que regulan y restringen la producción y comercialización de bienes y servicios. El empeño en perpetuar precios controlados en hiperinflación es absolutamente inviable, aun flexibilizándolo a través de precios supuestamente “acordados” con el sector empresarial, e incide en una mayor escasez. Además, sujetar el margen de beneficio en 30 %, como dicta la Ley Orgánica de Precios Justos, incentiva la inflación artificial de costos para justificar mayores ganancias. Asimismo, políticas de control y regulación inhiben la inversión y la iniciativa privada, rezagando mejoras en el aparato productivo en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos. A ello es menester añadir el efecto pernicioso de haber congelado durante años el decreto de estabilidad laboral, que ha socavado la capacidad de respuesta empresarial ante las oportunidades y desafíos que pudieran presentarse, impidiendo posibilidades de generar empleo productivo mejor pagado. En contraste, políticas que hubieran promovido la competencia y liberado a las fuerzas productivas habrían contribuido a contener los precios y a promover empleos cada vez mejor remunerados.
Por otro lado, el dominio que ejerce la Fuerza Armada sobre sectores crecientes de la economía va acorralando a la iniciativa privada, en desmedro de la eficiencia y la reactivación económica. Que este sector monopolice la importación de alimentos, medicamentos y otros artículos, y domine de manera excluyente todo lo concerniente a la explotación de recursos minerales del subsuelo, no contribuye al bienestar de la sociedad. Las FANB están al frente de las llamadas “empresas básicas” del Estado, incluyendo PDVSA, y controlan servicios públicos, amén de puertos, aeropuertos, fronteras y carreteras. Ello ha facilitado su intervención en actividades comerciales, que suele derivar en prácticas de extorsión y otras corruptelas. Su presencia en la gestión de empresas de servicios públicos tampoco ha sido conveniente. Muy por el contrario, hoy más que nunca se precisa trasladar esas responsabilidades a manos civiles, profesionales y competentes. Todo esto lleva a concluir que la preponderancia militar en la economía responde a objetivos encontrados con criterios de eficiencia o de solvencia técnica.
La crisis de la industria petrolera
Desafortunadamente, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas del sector público venezolano se traslada también a la empresa principal del país, PDVSA, que no publica informes de sus actividades desde 2016. Fuentes secundarias recogidas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señalan que para noviembre la producción había disminuido más de 500 mil barriles diarios desde comienzos del año, para colocarse en solo 1 millón 137 mil b/d. Cifras del gobierno presentan una caída menor. Aunque el precio del barril de crudo venezolano en los mercados externos subió con relación a 2017, para finales de año se encontraba en descenso. Según el Ministerio de Petróleo y Minas, promedió unos $63. Al sustraer el consumo doméstico, puede estimarse ingresos por exportación petrolera entre 23,5 y 26,3 millardos de dólares para 2018. Pero de haber persistido reembolsos a China con petróleo y entregas a los países miembros de PetroCaribe similares a los existentes en 2016, los ingresos efectivos podrían haber descendido a la mitad. Cabe señalar, además, que PDVSA debió importar crudo liviano y refinados debido a la reducción de su capacidad productiva local, por lo que los ingresos netos, disponibles para atender los compromisos externos del país, habrían sido aún menores.
Lo anterior refleja una muy desacertada conducción de la industria petrolera, fuente casi única de divisas de que dispone Venezuela. Ello es tanto más grave por la dependencia excesiva que había adquirido el país de las importaciones, dada la destrucción de capacidades productivas domésticas de bienes transables, así como por los compromisos de pago de la deuda pública externa, concentrados entre los años 2017 y 2027. Cabe señalar que desde hace más de un año ocupa la presidencia de PDVSA el general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, sin experiencia previa en la industria, quien ha venido colocando cuadros militares en posiciones de mando en la empresa. En atención a los resultados mostrados, preocupan las amplias facultades que le han sido otorgadas para reorganizarla.
La precariedad del sector externo
Ante la reducción en las divisas provenientes del petróleo, el gobierno ha ofrecido a países considerados amigos recursos del llamado Arco Minero del Orinoco, bajo control de la Compañía Anónima Militar de Minería, Petróleo, Energía y Gas (CAMIMPEG). Afianza así el modelo extractivista, con una minera rudimentaria del oro, coltán, diamantes y de otros minerales del subsuelo guayanés, que amenaza con provocar grave daños ecológicos en tan importante reserva natural.
Las consecuencias de una menor capacidad de obtener divisas exportando crudo se agravan por el cierre de los mercados financieros internacionales, tanto para la República como para PdVSA. Tampoco China ni Rusia, tenidos por el gobierno como países amigos, parecen dispuestos a otorgar más dinero. Según algunos analistas, la deuda externa venezolana habría superado los $155 millardos para finales de año, sin incluir los litigios contra el país por incumplimiento de contrato o por confiscación de activos, ni las deudas comerciales pendientes.
Este monto representa una cifra más de seis veces superior a las exportaciones totales del año. PdVSA y la República debieron pagar en 2018 más de 8 millardos de dólares por servicio de su deuda externa. No obstante, salvo la cuota del bono PdVSA 2020, que buscó proteger la propiedad sobre CITGO, nada fue cancelado. El país, incluyendo a la empresa petrolera, está de hecho en situación de impago, ante lo cual sus acreedores principales ponderan acciones a emprender para recuperar sus inversiones.
En previsión de escenarios que podrían significar la confiscación de activos, el Ejecutivo debería negociar cuanto antes la restructuración de tan cuantiosa deuda, preferiblemente con auxilio de organismos financieros multilaterales. Así aliviaría los compromisos concentrados en los próximos años y liberaría divisas para importar y para reinsertar a Venezuela en los mercados financieros mundiales. Pero salvo un anuncio unilateral al respecto por parte de Maduro a finales de 2017, nada se ha avanzado en este sentido.
La hiperinflación ha impulsado la devaluación acelerada del tipo de cambio, tanto en el mercado oficial como en el llamado mercado paralelo. Cabe recordar que la cotización oficial la determina las asignaciones a través del sistema DICOM (divisas complementarias). El 5 de febrero de 2018 ésta fue devaluada significativamente, pasando de BsF. 3.345/$ a BsF. 25.054/$, tasa que se fue deslizando progresivamente hasta alcanzar 248.832 BsF/$ (2,5 BsS) para mediados de agosto.
Con la introducción del nuevo cono monetario se aplicó una fuerte devaluación, llevando el precio oficial del dólar a BsS. 60. Esta cotización se fue devaluando aceleradamente hasta terminar el año en BsS. 638,8/$, cercano al precio registrado en el llamado mercado paralelo. En total, desde comienzos de febrero el precio oficial de la divisa se encareció en 254.621,8% y, en el mercado paralelo, en 65.447,9%.
Es menester señalar que la devaluación en ambos mercados ha sido significativamente menor a la inflación, por lo que se ha apreciado en términos reales la moneda nacional. Un eventual programa de transición que estabilice las variables macroeconómicas, entre éstas, el tipo de cambio, unificándolo en un mercado de libre concurrencia, implicaría su devaluación, incluso desde su cotización en el mercado paralelo. Su efecto sobre los precios (pass-through) será adverso, obligando a instrumentar mecanismos de compensación a los sectores más vulnerables ante tal ajuste. A comienzos de año se estimaba más bien la posibilidad de apreciar el bolívar en el mercado paralelo, que hubiera evitado tal impacto negativo.
La precariedad del sector externo acarrea fuertes restricciones a la importación, tanto de bienes de consumo final, como de insumos, maquinaria y equipos para la actividad productiva. Repercute muy desfavorablemente en el bienestar de los venezolanos. Lamentablemente, las políticas oficiales nada han contribuido para revertir esta situación. Al contrario, llama la atención el monto tan bajo de divisas canalizadas a través del sistema DICOM para importar.
Sólo fueron adjudicados durante el año $192,8 millones, poco más del 60% de éstos al sector empresarial. Esto significa que el grueso de las importaciones hechas por el sector privado fue realizada a la tasa paralela, bastante superior durante buena parte del año, lo que tuvo un impacto alcista sobre los precios internos.
Adicionalmente, obliga a indagar sobre el uso dado por el gobierno a las divisas restantes por concepto de exportación petrolera. Si no fueron a pagar el servicio de la deuda que vencía este año, ni tampoco se destinaron al pago de importaciones, y con reservas internacionales que variaron muy poco, ¿a dónde fueron a parar? Se trata de una cifra que probablemente superó los $ 10 millardos. La opacidad y falta de rendición de cuentas de la gestión pública en nada contribuyen a disipar temores acerca de su aprovechamiento indebido.
Deterioro del bienestar del venezolano
Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018 (ENCOVI), realizada entre investigadores de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, complementan el cuadro de deterioro en el bienestar de los venezolanos que se recoge en este balance económico del año. La pobreza, medida por ingresos, se incrementó a 94% de los hogares encuestados, desde un 87% correspondiente a 2017.
En el primer año que se efectuó la ENCOVI (2014), su nivel era del 48,4% de los hogares. La encuesta recoge, asimismo, datos que revelan un incremento en la precariedad de la protección social como en la prestación de servicios: 25% de los hogares declararon que el servicio eléctrico se interrumpía diariamente por varias horas, 14% que llegaba el agua a su casa una vez por semana y otro 14% una vez cada dos semanas. En materia de educación, disminuyó la asistencia escolar de la población entre 3 y 24 años a sólo 70%, fundamentalmente entre jóvenes de 18 a 24 años.
Entre los factores que explican la inasistencia a clase de la juventud escolarizada, en un 28% fue por fallas en el servicio de agua (19% en 2017); 22% por falta de comida en el hogar (12% en 2017); 13% por falta de comida en el plantel (7% en 2017); y 11% por inasistencia del personal (4% en 2017). La encuesta registra, a su vez, una disminución de la población económicamente activa (PEA), particularmente por el incremento de personas jubiladas y pensionadas.
El desempleo aumenta en uno por ciento para llegar a 10% de la PEA, a pesar de los decretos de estabilidad laboral. Finalmente, la ENCOVI registra, con base en estimaciones de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) un aumento de los migrantes venezolanos fuera del país a 2,3 millones. En 2017 era de 1,622 millones.
Por otro lado, se registra un aumento de hogares receptores de las misiones sociales, fundamentalmente de los alimentos repartidos por el sistema CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción). Según datos ofrecidos por el gobierno, pasó de 6,7 millones en 2017 a 7,3 millones. El número de hogares con algún miembro poseedor del “carnet de la patria”, aumentó también de 5,8 millones a 6,9 millones. Todo esto es síntoma de una precarización económica continuada de los hogares venezolanos.
Comentarios finales
No se exagera al afirmar que 2018 fue un año terrible para la gran mayoría de los venezolanos. Es una obligación encontrar vías para superar perentoriamente los estragos causados. Es reprobable que las autoridades públicas, cobijándose en una retórica primitiva, pretendan escabullir sus responsabilidades inventando enemigos a quienes echar la culpa en vez de tomar cuanto antes las medidas exigidas. Esta postura ha fomentado el quebrantamiento del orden institucional propio de una economía mercantil sana, competida, capaz de dinamizar el desarrollo en beneficio de las grandes mayorías.
Ampara, por el contrario, una economía de expoliación, en la cual la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas permite a quienes ocupan posiciones de mando en la jerarquía de poder aumentar su usufructo de la renta y de la riqueza social que todavía logra generarse. Ha dado lugar a la constitución de una nueva oligarquía que parasita de los esfuerzos, esperanzas y aptitudes de los venezolanos. Los programas de control social a través del reparto buscan legitimar este proceder.
Notas:
1 Hasta el 28 12 2018, la liquidez monetaria se había incrementado 650 veces, la base monetaria 423,7 veces.
2 Las importaciones se mantuvieron estancadas en niveles inferiores a la quinta parte de las del año 2012.
3 Decreto 3.569, Gaceta Oficial N° 41.452 del 2 08 2018.
4 El aumento del salario mínimo más de 34 veces y el “bono de adaptación” al nuevo cono monetario que se introducía decretados el 17 de agosto, multiplicó por 15, en una sola semana, la emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV.
5 El Tribunal Supremo de Justicia se arrogó la aprobación del presupuesto de 2017. El de 2018 fue aprobado por una asamblea constituyente írrita.
6 Su duración será de sesenta días, prorrogable una sola vez por igual lapso con aprobación del cuerpo legislativo nacional.
