Por Ismael Pérez Vigil
El gobierno venezolano, al que ni siquiera le decimos “gobierno”, sino régimen o dictadura, ha perdido toda legitimidad, interna e internacionalmente; al proceso electoral del 20 de mayo de 2018, en el que salió reelecto el actual presidente, apenas concurrió un 40% del electorado –de acuerdo a cifras oficiales, que para muchos no son fiables– y más de 60 países no han reconocido tampoco ese proceso.
El 10 de enero, cuando según la Constitución debe iniciarse un nuevo periodo constitucional, tendremos un atisbo completo de la falta de legitimidad del régimen, al juramentarse solo, frente a sus compinches internacionales: Rusia, China, Irán, Palestina, Turquía, Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, y pocos más.
Además de esa circunstancia política concreta, de no reconocimiento, el país económica y socialmente se deshilacha; los venezolanos huyen en masa de la miseria, el desempleo, la inseguridad, la hiperinflación —aún en el cálculo más optimista es del 4 al 6% ínter diario— de la corrupción que aflora por todas partes, de la malversación de la riqueza del país, del fracaso de un régimen al que solo le queda el recurso de la fuerza para mantenerse en el poder.
Pero en algún momento, no sé cuándo —no es cuestión de generar falsas expectativas— el país entrará en un proceso de transición política que implicará un intenso proceso de negociación. Por lo tanto, no podemos continuar satanizando el tema y sí debemos prepararnos para ese proceso. Naturalmente, lo que se va a negociar es el fin y la salida de este régimen y el período de transición de la misma.
El escenario natural de una negociación política en Venezuela es la Asamblea Nacional (AN), por algo es el “parlamento”. Pero es evidente que el Ejecutivo es el que querrá negociar, por parte del régimen, y no aceptará que sean sus parlamentarios los que lleven la voz cantante.
Pero por parte de la oposición si debería ser la fracción opositora de la AN —donde están representadas todas las facciones políticas que en su momento disputaron esos cargos— la que debe decidir los objetivos y los lineamientos de la negociación y, además, de su seno deben salir los negociadores y escoger, como parte del equipo negociador, a representante del resto de la sociedad civil.
La primera disposición de la fracción parlamentaria opositora de la AN, sería reiterar los objetivos mínimos de la oposición para esa negociación y el proceso de transición, que suponemos que ya gozan de consenso y han sido reiterados en múltiples oportunidades: a) libertad de todos los presos políticos, b) regreso de los exilados, c) reconocimiento de la Asamblea Nacional, d) designación de un nuevo CNE, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y e) rehabilitación de los partidos políticos y candidatos opositores inhabilitados.
Naturalmente la actuación de la AN debe ir precedida por la disolución inmediata de la ilegal, ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y la incorporación a la AN de los diputados de Amazonas, inconstitucionalmente obligados a desincorporarse por el irregular TSJ. Así reconstituida plenamente, la AN deberá apoyar la negociación con algunos acuerdos y los instrumentos legales que se enumeran más abajo, de manera no exhaustiva.
Algunos le piden a la AN cosas que no están dentro de sus facultades y no puede hacer, sin violentar el ordenamiento jurídico que estamos reclamando que la dictadura respete; pero la AN si puede llegar a acuerdos, definir políticas y un conjunto de leyes que faciliten ese proceso de negociación. Esa podría ser la “hoja de ruta”, por utilizar un término que ahora está de moda, por la que la AN defina su participación en el proceso.
Por tratarse de un acuerdo político, se debe recoger en leyes especiales todo lo concerniente al proceso de transición; es decir, apoyar con disposiciones legales aprobadas por la AN, todos los acuerdos que regirán ese período de transición y los cronogramas de los procesos electorales que eso implique, que permitan renovar, en plazo perentorio, todos los poderes públicos: Presidente de la República, la Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldes, Asambleas Legislativas y Municipales, etc.
Tan solo a título de ejemplo, para blindar jurídicamente el proceso de transición, internamente y frente a la comunidad internacional, esas leyes o instrumentos legales de carácter especial, podrían ser:
- La libertad de los presos políticos debe producirse por medida presidencial, pero de no ser así, la AN debe tener lista para aprobar una Ley General de Amnistía.
- Aprobación de una Ley de Participación Política, que permita que los candidatos inhabilitados ilegalmente –por la Contraloría, el ilegítimo CNE y el TSJ, con sus magistrados designados irregularmente– puedan ejercer sus funciones políticas y aspirar a cargos por elección.
- Designar un CNE, conforme al procedimiento Constitucional y de acuerdo a lo establecido en las leyes que regulan la materia.
- Aprobación de una nueva Ley Electoral, conforme al proyecto que ha venido discutiendo la AN desde hace más de un año y que regirá los procesos electorales que se deban celebrar.
- Aprobación de una nueva Ley de Partidos Políticos, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución y en los Acuerdo Internacionales suscritos por Venezuela, que permita que todos los partidos políticos que fueron ilegalmente inhabilitados por el CNE y por el TSJ puedan participar en los procesos electorales que se vayan a celebrar.
- Aprobación de una Ley Transitoria que facilite y permita la inscripción en el Registro Electoral y la votación de los venezolanos en el exterior, conforme únicamente a los mismos requisitos que se exigen para los electores en Venezuela.
Lo responsable y estratégico es prepararnos para negociar con el mejor discurso, los mejores argumentos, el mayor respaldo, los mejores negociadores y voceros, el mejor equipo asesor y las herramientas y fortalezas que requeriremos para actuar y triunfar. Negar esto será debilitarnos, permitir que el régimen gane tiempo y dividirnos aún más.
