La pandemia implicó inicialmente un punto de inflexión en la dinámica de los flujos migratorios en las Américas: cierre de fronteras, narrativas xenofóbicas, la exposición mediática de personas vulnerables y el decreto de nuevas medidas de protección –y no tanto– han mantenido la coyuntura hemisférica en movimiento. Un análisis de la respuesta de los gobiernos de la región frente a la escalada del COVID-19 es lo que sigue
Carolina Jiménez Sandoval*
El cierre –parcial o completo– de varias fronteras, el miedo a la movilidad ante el rápido crecimiento de los contagios y el desconocimiento frente a cómo combatir el virus SARS-CoV-2 hizo que muchas personas no pudieran salir de sus comunidades de origen, y también originó diversos procesos de “retorno” cuando migrantes y personas en necesidad de protección internacional de distintas nacionalidades tuvieron que tomar la difícil decisión de volver a sus países de origen, ante la precaria situación a la que se enfrentaron tras perder sus fuentes de ingreso y, tristemente, tener que vivir en carne propia un incremento de la xenofobia producto de un sinfín de narrativas políticas reprochables, que les acusan de ser culpables de “propagar el virus” tanto por ser extranjeros, como por ser retornados luego.
COVID-19, migrantes y refugiados: un año después
La cifra exacta de personas venezolanas que volvieron a Venezuela como resultado de la pandemia no es clara; no obstante, los datos que se manejan, en general, oscilan entre las 100 y 140 mil personas retornadas.
Más allá de las limitaciones existentes para obtener cifras oficiales que cuantifiquen esta realidad, lo que sí sabemos es que al inicio de la pandemia no hubo por parte del Gobierno venezolano medidas ajustadas a los derechos humanos para recibir a sus conciudadanos retornados. De hecho, el Gobierno fue denunciado ampliamente por su campaña de estigmatización contra los retornados1, destacándose las condiciones y el trato que recibieron estos al estar sometidos a confinamiento en centros de cuarentena.2
Ya trascurrió un año desde que América Latina reportó su primer caso de COVID-19. Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente. Y, aunque probablemente todavía no sabemos todo lo que tenemos que saber sobre la pandemia, sí sabemos mucho más que al inicio. También entendemos, de una manera más clara y contundente, que las desigualdades y las principales problemáticas de derechos humanos que vivía la región antes de la llegada del COVID-19 no solo son ahora “más complejas” en el contexto de la pandemia, sino que se han exacerbado de tal forma, que van configurando una realidad abiertamente manifiesta de las profundas inequidades que caracterizan a América Latina, las cuales –finalmente– deberían impulsarnos a repensar y activar los tan pospuestos cambios sociales.
No debería, por lo tanto, sorprendernos que de unos meses para acá veamos nuevamente un flujo de personas provenientes de los países llamados “expulsores de migrantes y refugiados”, como Honduras o Venezuela, intentando salir de sus pueblos desesperadamente en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Tanto la “caravana de migrantes”, en su mayoría conformada por personas de Honduras, vista en enero de este año y detenida tajantemente por el Gobierno de Guatemala3, como los nuevos reportes e historias sobre el incremento de “caminantes venezolanos” en los últimos meses son el reflejo de una realidad inocultable: las razones por las que miles de personas huyen de sus países de origen siguen presentes y en algunos casos se han agudizado.
Dicha realidad representa lo que podríamos considerar parte del ADN de la migración forzada: mientras los factores de expulsión de una población continúen o se incrementen, el flujo migratorio continuará, independientemente de los obstáculos que se les presente, incluso una pandemia mundial.
Así las cosas, en su última actualización al 5 de marzo de 2021, la R4V (Refugee and Migrant Response Plan 2020) una plataforma de coordinación de diversas agencias de las Naciones Unidas que coordina la respuesta a la crisis de refugiados venezolanos, indica que el número de personas venezolanas viviendo fuera de su país alcanzó la cifra de 5 millones 557 mil 077.4 En pocas palabras, el proceso de retorno que vimos al inicio de la pandemia se ha revertido y muestra, nuevamente, un incremento en la salida de personas, aun cuando diversas fronteras de la región permanecen cerradas y la pandemia sigue siendo una realidad en todos los países del continente. Algunos escenarios prospectivos señalan que para este año la migración forzada venezolana podría alcanzar un récord histórico de unos 7 millones de personas.5
Colombia: buenas noticias en medio de la dificultad
El panorama anteriormente descrito muestra que los desafíos siguen siendo enormes y es por ello que la noticia oficializada el pasado mes de febrero, sobre la aprobación de un Estatuto Temporal de Protección para las y los venezolanos en Colombia (ETPV), ha sido recibida con aplausos por distintos líderes políticos y organizaciones internacionales.
El ETPV contempla, entre otras cosas, la regularización migratoria de los 1,7 millones de venezolanos que residen en este momento en el territorio colombiano, de los cuales el 56 % se encuentra en condición irregular. El ETPV tendrá una vigencia de diez años y podrán beneficiarse aquellos venezolanos en condición de irregularidad que demuestren haberse encontrado en Colombia al 31 de enero de 2021. Adicionalmente, el Gobierno colombiano ha propuesto que aquellos venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos (2) años de vigencia del Estatuto, también se beneficiarían del mismo.
Como puede verse, la medida es amplia en alcance y temporalidad; en ese sentido, constituye un paso en la dirección correcta. Así, diversas organizaciones han pedido al Gobierno de Colombia que continúe fortaleciendo su sistema de asilo, pues esta medida es un complemento a la protección internacional que otorga el Derecho internacional de los derechos humanos, pero no un sustituto para la condición de refugiado. Más adelante, también será importante monitorear el total cumplimiento e implementación de esta medida, para analizar las formas en las que, en efecto, brindarán seguridad y protección, especialmente a quienes se encuentran hoy día en situación de irregularidad, asegurándonos de que nadie se quede por fuera. La regularización migratoria debe ser un mecanismo que garantice el acceso a diversos derechos.
Otras fronteras: las malas noticias
Aunque las medidas anunciadas en Colombia demuestran que en efecto los gobiernos pueden gestionar los flujos migratorios –incluso masivos– a través del diseño de políticas públicas, los primeros meses de 2021 reflejaron que hay “otras fronteras” donde las violaciones de derechos humanos ocurren precisamente por decisiones políticas.
Dos eventos en particular han causado preocupación y denuncias en la región: el incremento de la militarización en la frontera peruana-ecuatoriana y la deportación masiva de 138 extranjeros (en su mayoría venezolanos), por parte del Gobierno chileno. En el primer caso, ocurrido a finales del mes de enero, ambos gobiernos anunciaron medidas de cooperación conjunta para incrementar la presencia de personal y equipos militares en la frontera, con el propósito de controlar y detener el creciente número de personas venezolanas intentando ingresar en Perú. Apenas comenzó la militarización, los medios de comunicación reportaron un incidente en el que algunos funcionarios habrían disparado al aire en presencia de familias refugiadas. Este tipo de incidentes, que afortunadamente no dejó saldo de personas heridas, reflejan lo que a estas alturas ya sabemos: la gestión migratoria no debe ser realizada por las fuerzas armadas.
Chile, por su parte, generó igualmente diversas críticas al tomar la medida de realizar una deportación masiva dado el creciente ingreso de extranjeros a Colchane, una pequeña localidad en la frontera con Bolivia y a la tensión que se fue generando a medida que dicho ingreso aumentaba. En el caso chileno, la deportación fue mediatizada por el propio Gobierno, quien además mostró a las personas migrantes y refugiadas siendo expulsadas con una escolta individual, por parte de la policía, y vestidos con “trajes de bioseguridad”.
¿Qué mensajes han querido enviar los tres gobiernos al tomar este tipo de decisiones?
Creo que la respuesta es simple: la política de puertas abiertas, o lo poco que quedaba de la misma, se ha terminado y el contexto de la pandemia es el pretexto perfecto para tal decisión, de la misma forma que la existencia del COVID-19 ha justificado otras políticas de los Estados no apegadas a derechos humanos. Revelan también que a la hora de coordinar para securitizar la migración y militarizar una frontera, los gobiernos cooperan de forma rápida y efectiva, pero cuando se trata de coordinar políticas de protección las burocracias son lentas, ineficientes y llenan de obstáculos procedimientos de los que dependen miles de familias para sentirse protegidas y seguras en un nuevo país.
Las fronteras son una realidad. Han existido desde hace siglos y los Estados tienen la potestad de decidir quién entra y permanece en su territorio. Esa potestad, sin embargo, tiene sus límites, pues el Derecho internacional impone obligaciones claras de no-devolución cuando se trata de personas en necesidad de protección, y el uso de las fuerzas armadas en tareas de gestión migratoria genera mayores riesgos que beneficios. Algunas veces, las fronteras son vistas solo como espacios de tránsito que necesitan ser resguardados, cuando en realidad también son comunidades y representan el lugar donde una persona o una familia entera puede acudir en busca del refugio que necesita.
Los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú pueden querer enviar un mensaje claro de seguridad e inviolabilidad fronteriza o, dicho de otra manera, hacerle ver a migrantes y refugiados que “aquí no entra nadie”. Sin embargo, olvidan que en materia de derechos humanos sus responsabilidades son otras y mientras dichas políticas no sean replanteadas, solo incrementan el riesgo de miles de personas que salen de Venezuela forzosamente, y que continuarán haciéndolo mientras su propio país no brinde un mínimo de seguridad para el resguardo de sus vidas.
*Internacionalista venezolana. Directora adjunta de Investigación para las Américas en Amnistía Internacional. Miembro del Consejo de Redacción de la revista SIC.
Notas
(1) The Washington Post (22 abril 2020): “Opinión: El gobierno de Maduro debe dejar de estigmatizar a quienes retornan por COVID-19”. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/22/el-gobierno-de-maduro-debe-dejar-de-estigmatizar-quienes-retornan-por-covid-19/
(2) Amnistía Internacional (21 septiembre 2020): “Américas: Las autoridades convierten las cuarentenas gestionadas por el Estado en una forma de represión”. Ver Informe Américas:
cuando la protección se vuelve represión. Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/americas-state-run-quarantines-form-repression/
