Ileana Alamilla
Un juicio que vale la pena destacar es la reciente condena que el juez Carlos Aguilar emitió en un caso de agresiones a periodistas proferidas por personal de seguridad de la mina El Tambor, cuando cubrían la resistencia de comunitarios en contra de dicho proyecto extractivo.
Para emitir su fallo, según reportes de prensa, Aguilar validó que el trabajo que realizaban los agraviados era periodismo. Dentro de los medios de prueba más importantes se citan peritajes lingüísticos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el que luego de un análisis concluyó que las palabras que se dirigieron a los periodistas eran constitutivas de amenazas.
El juez Aguilar consideró que esas acciones eran un impedimento a la libertad de expresión e hizo un reconocimiento al derecho constitucional de informar y ser informado, al señalar que la población tiene derecho a que los periodistas puedan trasladar la información verídica para que los guatemaltecos tengan conocimiento de lo que está sucediendo.
El juzgador condenó a los agresores a dos años de prisión por los delitos de coacción y amenazas, conmutables a Q 15 mil para evitar ir a la cárcel. Los agredidos accedieron a que los sindicados fueran sometidos a un criterio de oportunidad, es decir, que no fueran enviados prisión.
Este fallo es un excelente precedente, tanto para casos sometidos a otros tribunales, como para nosotros las y los periodistas, porque hay un reconocimiento judicial a la labor realizada por los profesionales de la información, además muestra que, cuando el afectado sigue toda la ruta que la justicia demanda, es factible romper con la impunidad que ha caracterizado los casos de agresiones contra periodistas. Hay que reconocer también el gran esfuerzo que realiza la Fiscalía de Delitos contra periodistas del MP, que tiene competencia en todo el territorio de la República de Guatemala.
Esta Fiscalía, que por cierto no goza de las ventajas, mucho menos de los lujos que tienen otras, cuenta apenas con tres personas que están de turno las 24 horas al día. El licenciado Élmer Yat, jefe de esa unidad, señala que es necesario que los periodistas que se vean limitados en su quehacer o que sufran amenazas e intimidaciones presenten la denuncia. Si el hecho ocurre en los departamentos, recomienda que se solicite a quien la recibe que se remita de inmediato a la Fiscalía a su cargo. La denuncia debe ser ratificada para que el caso tenga seguimiento.
Importante es resguardar la escena del crimen, así como la colaboración que prestan investigadores de la División de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y de la División Especializada de Investigación Criminal, del Ministerio de Gobernación. También son fundamentales las evaluaciones del médico del Inacif, para determinar el daño o tipo de lesión sufrida y las del psicólogo de dicha institución, para establecer las secuelas psicológicas producidas.
Son frecuentes las críticas al sistema de seguridad y justicia, pero en este caso es un buen ejemplo de trabajo conjunto del MP, Mingob y jueces, que merece reconocimiento.
Fuente: http://periodistas-es.com/tres-actores-en-agresiones-periodistas-22246
