Por Jacqueline Fowks | El País
Un informe de Amnistía Internacional publicado este martes critica las políticas migratorias aplicadas por Perú a los migrantes venezolanos que buscan entrar en su territorio buscando refugio. Desde junio, el Gobierno peruano exige una visa humanitaria a los nacionales venezolanos que escapan de la crisis de su país, en una escalada de requisitos que comenzó en agosto de 2018, cuando Perú estableció la obligatoriedad de presentar un pasaporte vigente. La medida se tomó después de que 800.000 venezolanos se establecieran en el país andino y las solicitudes de refugio ascendieran a 120.000 desde 2017. En su informe, la ONG denuncia que Perú incumple sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos debido a “prácticas irregulares” en la frontera “sumadas a la restringida interpretación que hace de la protección internacional”.
El informe titulado Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela documenta el rechazo de decenas de venezolanos en Tumbes, frontera norte del país andino que colinda con Ecuador, cuando trataban de entrar legalmente a territorio peruano. Según los testimonios recolectados en noviembre de 2019, un ciudadano que portaba una visa humanitaria pero cuyo pasaporte no había sido sellado por funcionarios ecuatorianos al entrar y salir de ese país, no fue admitido por Perú. Otros de los rechazados gozaban de un Permiso Temporal de Permanencia o eran niños y adultos mayores considerados como “excepciones humanitarias” que, aún en agosto de 2018, podían ser admitidos sin pasaporte.
Para su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a 41 migrantes y a numerosos funcionarios públicos de entidades involucradas. El documento plantea que Perú “está poniendo a las personas venezolanas en situación de grave riesgo” y que “está negando rotundamente a esas personas su derecho a buscar protección e impulsando una política deliberada de rechazar a las mujeres, hombres y niños solicitantes de la condición de refugio de Venezuela”.
Amnistía Internacional solicita al Gobierno peruano aplicar la Ley de Refugiados, que establece que no solo quien es perseguido en su país de origen necesita protección, sino también “quien huye de una grave perturbación del orden público o de masivas violaciones de derechos”, según la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, firmada por los países latinoamericanos en 1984.
La postura del Gobierno peruano
El director de Asuntos Consulares, Jorge Méndez, dijo a El País que si un venezolano tenía visado humanitario y se le impidió ingresar porque no tenía los sellos de entrada y salida de Ecuador, es responsabilidad de las autoridades ecuatorianas. “Si Ecuador no les pone el sello, no nos atañe. Hay un convenio firmado en 2011 por los cancilleres. Mientras no hay un sello, el país no lo puede admitir”, argumenta Méndez.
Respecto del caso de un venezolano residente en Perú con permiso temporal de permanencia (PTP, un documento que creó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a inicios de 2017 y que propició el gran flujo migratorio) que retornó a su país porque un familiar estaba muriendo y no se le autorizó a ingresar nuevamente, Méndez sostuvo que el PTP “no permite salir. [El migrante venezolano] tiene que pedir un permiso especial a la Superintendencia de Migraciones”.
El reporte de la ONG establece que, en la práctica, Perú ha eliminado las “excepciones humanitarias”, de personas con enfermedades crónicas, solicitantes de refugio y embarazadas, entre otros. Méndez evitó confirmar si ha sido así, y dijo a El País que no tenía esa información a mano.
El informe también señala que, antes, los solicitantes de refugio podían entrar a Perú mientras esperaban la calificación de su caso, pero que en los últimos meses esperan la respuesta alrededor de 70 días, sin poder ingresar a Perú ni poder volver a Ecuador.
El director de Asuntos Consulares sostiene que las peticiones de refugio en Perú se califican en la frontera. “En el 99% de los casos no califican para ser refugiados, el refugio como vía migratoria indirecta lo hemos parado desde junio del año pasado”, sostiene Méndez.
Patricio Rubio, subdirector de Asuntos de Derecho Internacional de Refugiados de la Cancillería peruana, afirma que en Perú “sí aplica la definición de la Declaración de Cartagena [del concepto de refugiado] pero no la aplica prima facie para todos solo por el hecho de ser venezolanos, como sugiere Amnistía Internacional”.
“Hacemos una evaluación caso por caso y determinamos si la realidad de la persona la pone en riesgo o afronta una persecución”, añade Rubio. El funcionario menciona casos en los que reconocieron como refugiados a “personas en situación médica grave, niños que han nacido en Colombia [de padres en tránsito] y que son apátridas, menores no acompañados, niñas menores de edad embarazadas, un adulto mayor solo que no podría regresar a su país donde no tiene a nadie”.
Además, niega que el rechazo de solicitudes de refugio sea parte de la política exterior, y justifica las demoras de respuesta de 70 días reportadas en noviembre se debieron a que su equipo “perdió varios comisionados de calificación de solicitudes”. “En agosto solo teníamos dos entrevistadores a nivel nacional, a fines de septiembre ya eran diez y, en noviembre, 18 personas. Trabajan de 6 de la mañana a 12 de la noche”, precisa Rubio. El funcionario también calcula que de los más de 377.000 pedidos de refugio, en realidad quedan alrededor de 350.000 porque muchos venezolanos se han ido de Perú. “Recibimos unas 500 a 600 solicitudes diarias, ninguna se queda sin atender”.
Clara del Campo, encargada de campañas de Amnistía Internacional para América Latina, dijo a este diario que “Perú es el país en el mundo con mayor cantidad de solicitantes de condición de refugio, y por ello requiere un proceso más eficiente para atender la situación”.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2020/02/05/america/1580870279_109223.html
