Por Víctor Álvarez R. | @victoralvarezr
En el marco del Foro de París sobre la Paz, el presidente de Francia propició un encuentro entre los negociadores del Gobierno y la oposición. Fueron testigos de esa reunión los presidentes de Colombia, Argentina y la ministra noruega de Asuntos Exteriores. El presidente de Colombia dejó ver que si EE.UU. no cesa la persecución judicial contra Nicolás Maduro no habrá elecciones libres en Venezuela. Recordemos que EE.UU. ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien acusa de delitos de narcotráfico, terrorismo y complicidad con la guerrilla colombiana. En tono de pregunta, Gustavo Petro advirtió: “¿Cómo se puede hacer una elección libre si hay un precio sobre tu cabeza medido en millones de dólares para que te maten?”.
En efecto, si el destino de Maduro –en caso de perder las Presidenciales de 2024–, es una cárcel en EE.UU. o La Haya, y todos sus colaboradores también serán perseguidos, el chavismo maniobrará para aferrarse al poder. En otro escenario, si la oposición se presenta dividida, le da margen de maniobra al Gobierno para mejorar las condiciones electorales sin poner en riesgo su victoria y este resultado finalmente es reconocido, pero una vez legitimado en el poder el oficialismo desata un pase de factura a todos los que estuvieron involucrados con el interinato de Guaidó, la promoción de sanciones contra Venezuela, el saqueo a Monómeros y el despojo de activos de la República en el exterior, el conflicto político se exacerbará y el país se hará ingobernable.
Un cambio político en paz pasa por garantizar los derechos políticos de los que pierdan las elecciones, de tal forma que –en vez de verse forzados a responder con el mismo calibre a la persecución y ataques que reciban–, más bien puedan seguir participando en el proceso político. Sin un acuerdo de convivencia que evite una cacería de brujas a quienes resulten derrotados, el solo cambio político no asegura la paz ni la normalidad. Al contrario, puede agravar el conflicto y hacer ingobernable al país.
La superación de la crisis no se logrará persiguiendo al rival político o tratándolo como un enemigo que debe ser exterminado. La solución electoral y pacífica tiene que garantizar los derechos políticos de los perdedores. Para poder celebrar unas elecciones libres y limpias, Petro propone el cese de la persecución judicial de EE.UU., una amnistía general y un pacto de convivencia que asegure garantías a aquellos actores políticos que se comprometan con una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano. Esta propuesta ha sido recibida con desconfianza por un sector de la oposición, el primero en reaccionar fue el propio Gerardo Blyde en París, al decir que “no son pactables amnistías para violadores de DD.HH.”.
Vale preguntarse, entonces, si ante un eventual recrudecimiento de la represión del Estado ¿la oposición radical está preparada para transitar una ruta distinta a la electoral? Ya lo intentó con “la salida” y las protestas violentas en 2014, las guarimbas en 2017, el Golpe de Estado fallido del 30 de abril de 2019, los mercenarios de la Operación Gedeón en 2020 y el frustrado intento de magnicidio. Todos esos conatos de forzar una salida violenta de Nicolás Maduro del poder fracasaron y obligaron a la oposición radical a retomar la ruta electoral.
El país está extenuado de una confrontación política estéril que ha agravado los problemas que azotan a los hogares, empresas e instituciones venezolanas. Hay mucho dolor acumulado por los muertos, heridos, perseguidos, encarcelados, exiliados y migrantes que ha dejado como saldo el conflicto. La única manera de evitar que esas cifras sigan subiendo y que ese creciente dolor se convierta en obsesión de venganza, es abrirle paso al encuentro, la reconciliación y el entendimiento nacional. Una amnistía general y un Pacto de Convivencia pudieran ser pasos de avance en esa dirección.
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