Como en otras ocasiones, la organización Amnistía Internacional publicó a finales de febrero su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en las Américas y el Caribe en el año 2019. En un documento de más de noventa páginas la organización hace una evaluación del panorama regional en esta materia, además de presentar la situación específica en 24 capítulos de países.
Carolina Jiménez Sandoval*
Vale la pena, para seguir comprendiendo a nuestro convulsionado continente en este 2020, mirar algunas de las problemáticas que reflejaron patrones hemisféricos y donde las respuestas (o falta de las mismas), por parte de los gobiernos, sigue siendo parte del problema y no de la solución.
Protestas en todas partes, represión en todos lados
Es imposible hacer un recuento del año 2019 sin detenernos a mirar las causas de las protestas y la reacción de los gobiernos frente a esta realidad que se repitió con fuerza en muchos países. Por una parte, el Informe1 da cuenta de varias características de las protestas: 1) en distintos países de la región fueron multitudinarias y tuvieron lugar en varias entidades, provincias y estados de cada país; 2) en su mayoría, estuvieron lideradas por gente joven y diversa, y algunas fueron principalmente convocadas por mujeres y 3) las reivindicaciones exigidas fueron variadas y de amplio espectro: desde poner fin a la corrupción, hasta la necesidad de que se garantice un acceso equitativo a la educación, la salud, entre otros.
En países como Bolivia las protestas fueron el producto de alegaciones de fraude electoral, mientras que en Chile o en Ecuador el detonante fueron medidas económicas que se consideraron negativas para los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Tanto en esos países como en otros donde hubo olas importantes de protestas (Venezuela, Nicaragua, Colombia, Haití, Honduras…) se observó el mismo sentimiento generalizado por parte de los ciudadanos: un profundo desencanto con los gobiernos y las élites políticas que le han fallado a sus sociedades. Como expone textualmente el informe referido:
[…] la gente protestó porque sintió que sus representantes estaban cada vez más alejados de las necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía. También protestó porque se sintió excluida de los procesos de toma de decisiones, lo que a menudo daba lugar a políticas desproporcionadamente desfavorables para las personas que viven en pobreza, o en hogares de bajos ingresos, las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas y la gente joven.
Esta oleada de múltiples protestas mostró con claridad la lamentable incapacidad de los Estados de responder a las demandas sociales con procesos de diálogo ciudadano y propuestas de soluciones, sino que, por el contrario, optaron por la represión como respuesta. El informe de Amnistía Internacional documentó que al menos 202 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas durante el 2019: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 23 en Chile, 8 en Ecuador y 6 en Honduras. La regla general a la hora de responder a las protestas fue el uso de tácticas represivas, incluyendo el uso de distintos elementos de las Fuerzas Armadas.
En Chile, por ejemplo, la organización denunció que aparte de las personas muertas y sometidas a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se registró que al menos 350 personas heridas tenían lesiones en los ojos. En Venezuela, por su parte, la represión del mes de enero y febrero de 2019 fue especialmente severa, al punto que Amnistía Internacional publicó un informe especial2 explicando que violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolas Maduro, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Un continente que construye muros invisibles: situación de migrantes y refugiados
No cabe duda de que el movimiento de millones de personas es una de las realidades que más afecta a las Américas en los últimos años. Lamentablemente, los migrantes y los refugiados son con frecuencia vistos como un “problema político”, y por ende se convierten también en tema electoral, pero pocas veces son asumidos como lo que son: sujetos de derechos.
La organización identifica al menos tres situaciones de preocupación en la región en materia de refugio: 1) las personas nicaragüenses huyendo a Costa Rica; 2) las personas de El Salvador, Guatemala y Honduras (el llamado “Triángulo Norte” de Centro América) que atraviesan México para intentar llegar a Estados Unidos y 3) las personas de Venezuela que se trasladan a distintos países del continente, principalmente a países suramericanos.
En el primer caso, Amnistía Internacional reportó que al menos 70 mil nicaragüenses habían salido de manera forzosa de su país de origen a causa de la crisis de derechos humanos que comenzó en abril de 2018. Los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, por su parte, continuaban huyendo de la violencia generalizada que incluye amenazas, la extorsión, el reclutamiento de niños por parte de bandas delictivas y la violencia sexual y basada en género. Las cifras del Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) indicaron que al terminar el 2019 habían más de 387 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala en todo el mundo. El caso venezolano, por su parte, ha alcanzado niveles sin precedentes. Para 2019, se reportó que la situación de emergencia de humanitaria que viven los venezolanos había obligado a casi 4,8 millones a huir de su país. Esto convierte a Venezuela en la segunda crisis de refugiados más grande del planeta, superada solo por la de Siria.
En 2015, cuando en plena campaña electoral Donald Trump anunció que construiría un “muro” en la frontera con México, no faltaron las críticas y además los análisis sobre la factibilidad de un proyecto de tal envergadura. El costo y la dificultad que ofrece esa construcción en un terreno complejo de más de 3 mil kilómetros ha implicado que, en efecto, no exista aún un muro que cubra esta amplia frontera. Sin embargo, las tres crisis de movilidad humana descritas en el párrafo anterior muestran una realidad dolorosa: en las Américas han construido un muro invisible que lesiona los derechos de las personas migrantes y refugiadas que a diario salen de sus comunidades en búsqueda de protección, seguridad y la posibilidad de construir un proyecto de vida para ellos y sus familias.
El informe de AI observa que Costa Rica no ha impedido el acceso a las personas nicaragüenses, pero que las diversas dificultades para solicitar asilo implican que se vea afectado su acceso a servicios básicos y a derechos económicos y sociales. En el caso venezolano, si bien algunos países han establecido mecanismos para la regularización migratoria, otros –como Perú– se han empeñado en imponer requisitos que terminan obstaculizando la entrada de personas que necesitan protección internacional. EE.UU., en consonancia con la política xenófoba que ha venido promoviendo la Casa Blanca de Trump en los últimos años, no solo continuó deteniendo a miles de solicitantes de asilo de forma arbitraria, sino que firmó acuerdos con países centroamericanos (“Acuerdos de Cooperación de Asilo” también conocidos como “Acuerdos de Tercer País Seguro”), bajo los cuales puede obligarse a una persona a solicitar asilo en estos países en vez de en EE.UU. La presión de EE.UU. también se sintió en México, país que optó por enviar a 6 mil miembros de la Guardia Nacional (organismo primordialmente militar) a su frontera con EE.UU. y continuó deteniendo a miles de personas migrantes, incluyendo a niños y adolescentes, en contra de sus obligaciones internacionales. El muro ha sido edificado con leyes y prácticas que lesionan los derechos de las personas migrantes y refugiadas en un continente que necesita respuestas regionales y no muros invisibles3.
Las mujeres, las niñas, la violencia y el cuerpo: la deuda pendiente
Es tristemente conocido que la violencia de género caracteriza a América Latina y el Caribe, y el 2019 no fue la excepción. La organización observa, además, que si bien todas las mujeres de la región están expuestas a distintos tipos de violencia, el riesgo aumenta para ciertas mujeres, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, indígenas, trabajadoras sexuales, y defensoras de derechos humanos.
Un informe publicado sobre Republica Dominicana4 documentó cómo la violación sexual y los golpes son una “práctica habitual” de la policía en contra de trabajadoras sexuales en la isla, práctica que puede ser considerada tortura bajo el derecho internacional. En un país industrializado como EE.UU. se reportó que al menos quinientas mujeres y niñas indígenas han “desaparecido” o han sido asesinadas en 71 ciudades, aunque se cree que el número real es mucho mayor. Sí, leyeron bien: quinientas. Pese a que la violencia de genero está presente en todos los países de la región, la respuesta de los gobiernos continuó siendo insuficiente a pesar de las demandas cada vez más reiteradas de la ciudadanía por superarla. Obstáculos para acceder a procedimientos judiciales, prejuicios, arraigo de la discriminación y la impunidad frente a la violencia sexual y los feminicidios siguen siendo la norma y no la excepción.
Una altísima tasa de embarazo en adolescentes (la segunda más alta del mundo, según el Fondo de Población de la ONU) fue otro de los indicadores que muestran una gran deuda con las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Al menos 3,4 millones de adolescentes seguían sin acceso a métodos anticonceptivos modernos. Leyes restrictivas en materia de salud sexual y reproductiva implicaron, una vez más, riesgos a la salud y al bienestar de mujeres y niñas.
Ante esta situación, el grito de las mujeres se hizo sentir en toda la región y las manifestaciones feministas se volvieron generalizadas.
Para concluir: la esperanza de la gente y la gente para la esperanza
El informe anual de Amnistía Internacional contiene balances en otros temas de derechos humanos que son de vital importancia para América Latina y el Caribe, pero que por razones de espacio no han sido desarrollados en estas páginas. Más aún, a pesar de las grandes deudas en materia de derechos humanos que siguen existiendo hay algo que también marcó al 2019 y que es necesario volver a recordar: el reclamo colectivo por nuestros derechos inundó las calles desde Santiago de Chile hasta Washington DC.
La lucha contra el cambio climático, las demandas para poner fin a la violencia de género, las exigencias de justicia y de fin a la corrupción, por nombrar solo algunos temas, mostraron a una población joven, y a millones de mujeres y niñas, dispuestos a enfrentar a sus gobiernos para exigir que sus derechos humanos sean respetados y garantizados. Esa lucha por la esperanza es la esperanza en sí misma, o al menos el comienzo de los cambios que todos queremos ver y vivir.
*Internacionalista venezolana.
Notas:
- Amnistía Internacional (2019): Informe Anual. Documento. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0113532020SPANISH.PDF
- Amnistía Internacional (2019): Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Documento. 14 de mayo 2019. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/0222/2019/es/
- JIMÉNEZ, C. (2020): “Los muros invisibles de las Américas”. El País. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2020/02/25/planeta_futuro/1582653228_185369.html
- Amnistía Internacional (2019). República Dominicana: “Si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no?”: tortura y otros malos tratos por razón de género contra trabajadoras sexuales en República Dominicana. Documento. 28 de marzo 2019. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr27/0030/2019/es/
Fuente: Revista SIC N° 823
