Amazonas: la sangre del día después 

Por Minerva Vitti Rodríguez*

En los últimos meses, dos sucesos han dejado un saldo lamentable de indígenas heridos y muertos en el estado Amazonas, al sur de Venezuela. El primero, reportado el 20 de marzo de 2022, fue la masacre en Parima B, municipio Alto Orinoco, perpetrada por militares del componente de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la que resultaron fallecidos cuatro indígenas yanomami y varios heridos (militares e indígenas). El segundo, reportado el 23 de marzo, ocurrió cuando indígenas agolpados en los puntos de control a lo largo del río Orinoco, específicamente en Súpiro, municipio Atabapo, intentaron impedir el avance de una embarcación, presuntamente de la guerrilla colombiana, hacia las minas del Parque Nacional Yapacana.

Estos hechos, con sus múltiples matices, demuestran cómo actores armados legales e ilegales precarizan y amenazan la existencia de los pueblos indígenas, en una entidad donde el Gobierno –por acción u omisión- ha promovido la minería como única alternativa, y donde la Ley de División Político-Territorial viola el derecho de las comunidades indígenas a un régimen de excepción, al no tomar en cuenta que Amazonas tiene una configuración multiétnica y pluricultural (53,7 % de la población se reconoce indígena, es decir 78.660 personas se ubican en alguno de los 21 pueblos indígenas) diferente a la de otros estados del país.

Masacre en Parima B

Lo primero que habría que decir es que la masacre de Parima B¹ se suma a 30 años de agresiones al pueblo yanomami, entre las que se recuerdan las masacres de Haximú (1993), Momoi (2009), Hokomawe (2010), Irotatheri (2012), perpetradas por mineros brasileros (garimpeiros).

Lo segundo es que los militares dispuestos en los territorios indígenas no están capacitados ni dominan conocimientos básicos sobre la cosmovisión indígena, tampoco saben cómo relacionarse con las comunidades en situaciones de conflicto. Los puestos militares dispuestos en estas poblaciones responden a unas lógicas de seguridad y defensa de una soberanía cada vez más porosas, que nada tienen que ver con el cuidado de las poblaciones.

Lo tercero son las múltiples denuncias que demuestran la relación entre los militares y los mineros ilegales. Basta sobrevolar en un helicóptero por Haximú, por el Cerro Carlos Delgado Chalbaud, o mirar las imágenes satelitales para percatarse de la minería realizada en las adyacencias de los puntos de control. Variados testimonios indican que lo que antes constituía un castigo para los militares —ser enviados a la selva remota sin ningún tipo de insumos “para proteger a la nación”— ahora se ha convertido en una oportunidad para lucrarse con el negocio del oro. “Toda la logística viene de Boa Vista (Brasil) y los militares no solo saben, sino que participan”, asegura un indígena.

Paradójicamente, la fecha de la masacre de Parima B, 20 de marzo de 2022, coincidió con los diez años de la firma del acuerdo amistoso por el caso de Haximú, un ataque genocida de garimpeiros brasileros que masacraron a 16 indígenas yanomami y dejaron a varios heridos en junio y julio de 1993. Tras un largo proceso legal llevado a cabo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado venezolano se comprometió a promover la suscripción de un acuerdo con el Gobierno de Brasil, a los fines de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el territorio yanomami²; pero a la fecha este punto no se ha concretado.

El 8 de marzo de 2022 la CIDH condena la muerte de cuatro indígenas yanomami en Parima B por parte de agentes militares en Venezuela, e insta al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables —automáticamente y sin dilación— desde un enfoque de justicia y reparación culturalmente adecuado³. ¿A cuál Gobierno podemos denunciar? Si los militares son los que permiten que entren los garimpeiros”, dice indignado un yanomami.

Para seguir sumando a la larga lista de abusos, a principios de abril de 2022, Borges Sifontes, indígena yanomami de 16 años, que recibió dos impactos de bala de alto calibre (uno en el brazo izquierdo, y otro en la pierna derecha); y su hermano Gabriel Silva, fueron trasladados —sin el consentimiento previo de ambos y sin notificar a los familiares ni a la defensa legal a cargo de la ONG Foro Penal— del Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, a 820 kilómetros de su hogar en Parima B, donde los mantienen aislados (no tienen acceso a visitas, ni siquiera de familiares que han viajado para verlos, tampoco se les permite salir de su habitación) y, aunque sobre ellos no pesa ninguna orden judicial, los tratan como detenidos.

Por otra parte, los militares heridos también fueron trasladados fuera de Amazonas en medio de irregularidades y hasta ahora se desconoce su paradero.

El 23 de mayo a través de la cuenta de twitter de la Guardia del Pueblo (@GNB_Pueblo) se difundió un video donde aparece el general de división de la guardia del pueblo, Danny Ferrer Sandrea, visitando la Base de Seguridad Territorial Parima B “a fin de verificar los niveles de articulación social y asistencia integral de la @GNB_Pueblo a nuestra etnia Yanomami”. En las imágenes aparecen los indígenas yanomami en perfecta formación como si fuesen militares, mientras que en otras están los funcionarios entregando juguetes plásticos a los niños, afeitando las cabezas de los indígenas, dándoles bebidas, pintando infraestructuras o haciendo chequeos con un estetoscopio. La voz in off habla de estrategias para resguardar la paz y la cultura de estas comunidades y del plan de seguridad y defensa integral; no se menciona la masacre ocurrida hace apenas dos meses.

A la fecha hay cinco fiscales del Ministerio Público investigando la masacre de Parima B pero no hay ningún imputado.

Terror en los puntos de control de Atabapo

Pareciera que tras el ataque del 23 de abril de 2022, el frágil equilibrio entre los pobladores y los actores ilegales armados se hubiese roto. Al mismo tiempo, los habitantes de Atabapo se sienten desprotegidos porque cuando han pedido protección al Estado, este ha respondido con más militarización y control ya que, como lo hemos explicado anteriormente, actúa bajo una lógica de seguridad.

Desde hace aproximadamente tres años, los militares fueron sacados de las alcabalas por los habitantes —indígenas y no indígenas— de este municipio que, cansados de los múltiples abusos y extorsiones, montaron sus propios puntos de control en la vía fluvial. Para enero de 2022, existían sesenta puntos de control fluvial desde San Fernando de Atabapo hasta Macuruco, sin contar los puntos terrestres. “Aquí están sacando nuestro oro, así que tienen que pagar”, argumenta uno de los encargados de estos puntos de control. Si una embarcación no se detiene, ellos la persiguen hasta alcanzarla y cobrar.

Sin embargo, los hechos demuestran que cuando las experiencias de administración propia de recursos de los pueblos y comunidades indígenas se asientan en los negocios extractivistas, la guerra y los múltiples intereses alrededor de estas economías no admiten que los indígenas sean dueños, solo los acepta como víctimas.

Algunos se avergüenzan por tener que ganarse la vida de esta forma, pero aseguran que no tienen otra opción. Los pobladores denuncian que “hacia allá (las minas) llegan helicópteros con ministros. Lo que es ilegal para nosotros, debe ser ilegal para el Estado”.

Entre la inconstitucional Ley de División Político-Territorial y el Plan La Nueva Amazonas

Otro elemento para el análisis del contexto en el estado Amazonas, es que la actual Ley de División Político-Territorial del estado Amazonas fue declarada inconstitucional en 1996. Entre las razones, los demandantes —miembros y autoridades de los pueblos indígenas, organizaciones indígenas y miembros del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho— alegaban que la división por municipios se hizo con criterios urbanos desconsiderándose la especificidad indígena, las variables históricas, ambientalistas, de ordenamiento territorial de seguridad y defensa y de la integración del espacio amazónico, el derecho político y representativo de los pueblos y comunidades indígenas.

Esto ha tenido variadas consecuencias, entre las principales están la inexistencia de actividad económica, industrial y comercial para generar ingresos en los municipios, quedando la minería “como única opción”; la violación del derecho a la participación política indígena, con intereses distintos y contrarios a los legítimos derechos de la población originaria, y la violación del derecho al territorio de los pueblos y comunidades indígenas (con una mora de más de 20 años). A su vez, la actual división político-territorial ha traído conflictos interétnicos entre los distintos pueblos indígenas que comparten un mismo territorio.

Según el abogado José Luis Meza,

Actualmente los intereses no apuntan a retomar esta ley que sería una oportunidad para el proceso de empoderamiento de los pueblos indígenas. Por el contrario, desde la gobernación del estado Amazonas se promueve el Plan de Desarrollo La Nueva Amazonas, que fue planteado por el gobernador de la entidad durante su campaña electoral⁴ en noviembre de 2021, y que contiene las siguientes líneas estratégicas: 1. Fortalecer la identidad del pueblo amazonense. 2. Optimizar el sistema de protección social a las poblaciones más vulnerables. 3. Mejorar los servicios básicos fortaleciendo la nueva institucionalidad. 4. Crear zonas económicas de desarrollo. 5. Promover el gran debate sobre la actividad minera en Amazonas⁵.

El gobernador ha presentado este proyecto ante el Consejo Legislativo del estado Amazonas, en reuniones con el Canciller de la República, y en distintas comunidades de la entidad; del que continúan alarmando los puntos cuatro y cinco, especialmente porque la minería está prohibida en la entidad desde 1989 (Decreto 269), y por todos los conflictos y muertes que ha traído esta actividad en el estado.

El extractivismo no es el camino de las comunidades, por tanto arrasa con ellas.

Notas:

1. Los hechos: militares negaron el acceso a internet a los indígenas yanomami, estos rodearon la base de la FANB para exigir la devolución del dispositivo de internet propiedad del capitán indígena de la comunidad, los funcionarios procedieron a detener al segundo capitán indígena, presuntamente el hijo de este tomó el armamento de un militar y disparó a los funcionarios para liberar a su padre, los militares dispararon a matar, cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas (entre estos dos militares y un indígena menor de edad).
2. A raíz de una petición, el Estado firmó el un acuerdo de solución amistosa, homologado por la CIDH mediante el informe acuerdo número 32 de 2012, comprometiéndose a adoptar medidas de vigilancia, salud y protección.
3. CIDH: CIDH condena la muerte de cuatro personas indígenas Yanomami en Venezuela [en línea ] https://www.oas.org/ Edición del 8.4.2022
4. PSUV: Candidato Miguel Rodríguez presentó su Plan de Gobierno: Proyecto de Desarrollo Nueva Amazonas 2021-2025 [en línea] http://www.psuv.org.ve Edición del 29.10.2021
5. Janna Corredor: Evalúan Plan Nueva Amazonas para fortalecer soberanía del país [en línea] https://ultimasnoticias.com.ve Últimas Noticias. Edición del 5.5.2022