Maria Belén Páez*
El día 04 de diciembre del presente, el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador, tomó la arbitraria decisión de clausurar la ONG ambientalista “Fundación Pachamama”, acusándola de acciones “vandálicas” contra las políticas de Estado. La ONG Pachamamá tiene una trayectoria en defensa del ambiente y de los pueblos originarios, y es opuesta a las políticas económicas extractivas de gobierno Ecuatoriano. Rafael Uzcátegui, coordinador de investigaciones de PROVEA, nos comenta “Pachamama fue quien armó todo el expediente jurídico que llevó el caso del pueblo Sarayacu a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que evidentemente es un pase de factura y un precedente gravísimo en la región, que puede afectarnos en un futuro próximo”.
A continuación el Comunicado de la Fundación Pachamama.
FUNDACIÓN PACHAMAMA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Lamentamos informar que en horas de la mañana de hoy, miércoles 04 de diciembre de 2012, en las oficinas de Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, se presentaron funcionarios de la Intendencia de Policía de Pichincha y procedieron a clausurar las instalaciones a la vez que nos dejaban una resolución del Ministerio de Ambiente por la que se disuelve nuestra organización.
Dicha disolución es un acto arbitrario que busca reprimir nuestro legítimo derecho a disentir de la decisión del Gobierno Nacional de entregar en concesión territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas a empresas petroleras, sin respetar sus derechos constitucionales, especialmente a la consulta libre, previa e informada, de acuerdo a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Nuestra posición se fundamenta en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y se concreta en acciones enmarcadas en el estado de derecho. Desde hace dieciséis años hemos ofrecido nuestro apoyo solidario a las organizaciones indígenas que legítimamente representan a los pueblos ancestrales de la Amazonía.
Rechazamos las manifestaciones violentas que provengan de cualquier sector. Ni apoyamos ni participamos en ningún acto violento. No se nos puede imputar actos en los que no hemos participado.
Por nuestro trabajo en defensa de los derechos hemos sido agredidos pública y violentamente mediante expresiones de quien detenta el poder político, difundidas ampliamente por los medios de comunicación bajo control del gobierno. Eso es violencia. También es violencia disolver a una organización intempestivamente, sin causa legal alguna, sin un debido proceso que garantice la legítima defensa.
Frente a esta agresión, manifestamos:
1. No renunciamos a nuestro derecho a defender los derechos.
2. Impugnaremos la ilegal decisión por todos los medios legales a nuestro alcance.
No permitiremos que la agresión de que somos víctima, desvíe la atención y el debate del tema de fondo que es la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos y de los derechos de la Naturaleza, por una ronda petrolera realizada contra la voluntad de los legítimos propietarios de los territorios afectados, a través de una “socialización”, no una consulta.
*Presidenta de la Fundación Pachamama.