Por Gloria Carucci
¿Qué opinas tú de la “Minería Ecológica”?
Alejandro Álvarez*: Es un concepto absurdo, es como hablar de bombardeo humanitario. En algunos países que aceptan y propician la minería como parte de la economía del Estado, se ha logrado un nivel aceptable de regulación; pero toda minería genera daños muy altos. No hay minería ecológica en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países donde esa actividad está bajo regulaciones muy grandes. De hecho, la minería es una actividad insustentable. Porque simplemente las vetas se acaban, y en el momento en que la mina deja de producir, la misma se abandona, y toda la infraestructura de la comunidad alrededor es frecuentemente abandonada. Generalmente dejando una serie de pasivos ambientales, daños sociales, e incluso daños culturales.
Por otra parte, Eduardo Gudynas plantea en su libro más reciente que existe una relación clara entre extractivismo y corrupción. Se ha demostrado que, en todo el mundo, incluso en los países de mayor nivel económico, los grupos mineros pueden llegar a influenciar en las políticas públicas e incluso en las elecciones presidenciales. Tenemos como ejemplo, en los EEUU el caso de los hermanos Koch, empresarios mineros del carbón, que tuvieron una influencia importante en la campaña de Donald Trump y sobre los grupos negacionistas del cambio climático. Asimismo, en muchos países existen denuncias graves de la relación entre extractivismo y corrupción. Entonces, tú no puedes pensar en desarrollo sustentable, y en la sustentabilidad ecológica bajo un sistema basado en el extractivismo.
Yo no estoy en contra de la minería per se. Es un asunto de realismo. En el sentido de que gran parte de las cosas nacen de algún tipo de actividad minera. Pero creo que para regular esa actividad se necesita de regímenes sólidos y democráticos, donde la sociedad civil tenga una capacidad real de hacer auditoría sobre lo que está ocurriendo en las zonas mineras, a la vez que el Estado tenga capacidad política y técnica para imponer regulaciones, en particular de ordenamiento territorial, y bajo unas normas de lineamientos político-éticos que impliquen medidas como acordar áreas que no deben ser intervenidas con actividades extractivas sin importar lo que haya debajo del suelo. Cuando no se tienen esas condiciones surgen las contradicciones: Uno de los peores casos en América Latina lo tuvimos en el gobierno de Rafael Correa, donde se aseveró que no iban a tocar jamás el Yasuní, pero al final de su mandato dio órdenes para que se otorgarán concesiones para la explotación petrolera dentro de ese territorio.
¿A qué te refieres con Ordenamiento Territorial?
Alejandro Álvarez: El ordenamiento territorial es un proceso político-técnico que se hace desde el Estado. En su ejecución técnica implica la descripción a distintos niveles de un territorio de sus características, recursos existentes, potencialidades, capacidades y limitaciones con el fin de poder tomar decisiones sobre el tipo de actividades pueden desarrollarse en ese espacio y bajo cuáles condiciones. Ese proceso está establecido claramente en la Constitución Nacional y en la legislación venezolana. Esta técnica de planificación ambiental se realizó en Venezuela durante muchos años, quizás de forma insuficiente, pero buena parte de las de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, faltando los planes a nivel municipal y nacional. Estos planes eran la base para toda la permisería ambiental necesaria para desarrollar actividades que implicaran deterioro del ambiente, fuesen petroleras, mineras o de construcción.
El ordenamiento del territorio es un proceso técnico, muy profesional y complejo y, por supuesto, sometido a presiones económicas y políticas, pero a pesar de ello se logró una buena base de trabajo para la planificación territorial del país. Esta acción del Estado se vio reflejada en la importante superficie del país bajo protección en forma de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Asimismo, se decretaron zonas de aprovechamiento tales como: lotes boscosos, reservas forestales y reservas hidráulicas; pero bajo determinadas normas y criterios de sustentabilidad y de control en la zona.
Por supuesto que no fue un proceso perfecto, ni ideal. Los sucesivos gobiernos manipularon sus resultados o ignoraron sus recomendaciones para favorecer ciertas acciones y grupos de interés. Pero aún a pesar de los errores, me parece rescatable el esfuerzo que permitió sentar las bases, tanto legales como técnicas, para una política de ordenamiento territorial del país.
Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos cinco años es la destrucción de todos esos avances. Ya previamente se había cometido el error de separar a nivel legal el ordenamiento del territorio del ordenamiento urbano, que son procesos necesariamente solapados. Pero la situación en este tema se hizo insostenible durante la gestión de Farruco Sesto, que a partir del lema “de que en Caracas caben 2 Caracas”, se construyeron edificios en zonas que no tenían ni la capacidad de agua, ni cloacas, electricidad, colegios, ni el resto de lo que legalmente se conocen como variables urbanas. Por otra parte, el ordenamiento territorial en Venezuela se comenzó a desmantelar desde mediados del año 2006, cuando el presidente Chávez, en una alocución desde Los Venados (Aló Presidente N.º 257, junio de 2006), anunció que se realizarían siembras de café dentro del Parque Nacional Ávila (Hoy llamado Waraira Repano) A partir de estas ideas se construyeron viviendas en el Parque Nacional Laguna de La Restinga, y el Parque Nacional Médanos de Coro. Lo peor de todo, es que tales situaciones dieron origen a permisos de construcción y actividades dentro de áreas protegidas incompatibles con sus objetivos, muchas veces a través de procesos corruptos.
Desde ese momento, el ordenamiento territorial del país se comenzó a diluir y a desmantelar la institucionalidad que lo sustentaba. En el año 2014 fueron secuestradas gran parte de las competencias de Inparques, desviándose dichas atribuciones a los Ministerios de Turismo y de Defensa, lo que dio paso a un proceso acelerado de destrucción del ordenamiento dentro de los Parques Nacionales (que era uno de los más avanzados del país) Esta operación destructiva continuó con la eliminación del Ministerio del Ambiente en 2014.
Al inicio hablabas de un tema interesante. La relación entre minería y poder. Tomando en cuenta la fuerte tensión entre ambiente y economía. ¿Qué criterios establecerías para los estudios de impacto ambiental si la minería no va a desaparecer? ¿Cómo garantizar que no ocurra daño?
Alejandro Álvarez: No hay forma de garantizarlo. Lo que debemos buscar es controlar la actividad. En este caso podemos usar la idea de las plagas como analogía de la forma como actualmente se hace minería en Venezuela. Todos los que han estudiado ecología saben que las plagas no se pueden eliminar, sólo pueden ser controladas.
¿A qué te refieres con “controlar”?
Alejandro Álvarez: Depende del punto de vista que lo mires. Desde uno económico, significa mantener su acción hasta un límite en el cual económicamente no generas pérdidas graves. Desde uno ecosistémico, implica que la plaga no genere un daño a los ecosistemas locales. Desde uno socio-ecológico, que no pongan en peligro los servicios ambientales de los cuales dependen las comunidades. Desde uno agrícola, de que no genere daños a la siembra.
Cuando hablamos de control de la minería, vale ese concepto clásico que tiene más de 60 años: “El máximo daño permisible”. Tú aceptas la idea de que cualquier actividad humana genera daños y el país debe decidir cuánto daño es aceptable en función de las ganancias generadas por el proyecto.
El problema grave que se ha tenido durante muchísimo tiempo es que los costos ambientales y sociales jamás entran en la ecuación, sólo los aspectos económicos. Si tienes una actividad económica que genera tantos millones de dólares al año y no tienes la contrapartida de los otros costos, lo único que ves es la ganancia. La verdadera valoración ambiental nace de incluir los costos reales provenientes del deterioro ambiental y social que genera la minería o cualquier otra actividad humana.
¿Cómo se pueden evaluar los costos ambientales?
Alejandro Álvarez: Valorar la naturaleza es un proceso muy complejo. La forma simple de hacerlo es asignarles valor económico a los servicios ecosistémicos. Eso es un proceso enormemente difícil, porque ¿cómo le pones precio a la belleza y vida?
¿Y tú crees que esos valores deben ser incorporados en la evaluación?
Alejandro Álvarez: Claro, pero el problema es cómo hacerlo. En particular los que nombré no es posible ponerles precio, son invaluables.
¿Y qué tipos de valores intangibles considerarías?
Alejandro Álvarez: Hay valores paisajísticos que se pueden colocar en una variable económica desde el punto de vista turístico. Si quieres ver el paisaje de la Gran Sabana o Canaima debes verlo en Venezuela, no existe en ningún otro sitio. Ese entorno con esos tepuyes solo puedes encontrarlo en Venezuela. Eso tiene un valor desde el punto de vista de quien quiera ver eso. A eso le puedes poner un valor económico, pero hay cosas a lo que no le puedes poner precio.
Por ejemplo, Europa atrae grandes cantidades de turismo, entre otras cosas, por sus catedrales antiguas. Podemos cuantificar la cantidad de dinero que generan esos bienes culturales. Ahora bien, una catedral de 400 años tiene un valor religioso y cultural imponderable. Igualmente, en nuestro caso ¿Cómo le pones precio a los sitios sagrados indígenas o al valor de las culturas indígenas sobre la identidad nacional?
Asimismo, necesitas ponderar los costos derivados del proyecto. Este es un proceso igualmente complejo ya que frecuentemente los impactos generados por un proyecto, por ejemplo, minero, son difusos, es decir que no afectan sólo a personas específicas, sino a grandes grupos de personas. Por ejemplo, la contaminación por mercurio derivada de la minería de pequeña y mediana escala afecta a un porcentaje importante de la población, tanto en los alrededores de las zonas de explotación, sino incluso en territorios alejados a la misma.
Igualmente, será necesario identificar y darle valor a aquellos impactos que inciden sobre elementos relacionados con el desarrollo del país y superan los límites territoriales del proyecto. Por ejemplo, debemos considerar el impacto de la minería sobre la cuenca del Caroní, generadora de la mayor parte de la electricidad que se consume en el país, así como los daños sobre las cuencas que contienen el 80% del agua disponible en Venezuela. Todos esos temas hay que tomarlos en cuenta en un proceso de ordenación territorial, para poder tomar decisiones sobre cuáles elementos y territorios pueden ser modificados y aquellos que no deben ser tocados de ninguna manera.
Estas decisiones no son sólo técnicas, sino que atañen a toda la sociedad, son políticas. Son problemas que deben ser enfrentados con cada vez más y mejor democracia. Sólo una sociedad democrática con sólidos valores ambientales puede enfrentar esos desafíos.
En este sentido, yo tengo la hipótesis de que el pensamiento y la acción ambientalista sólo se desarrolla en democracia. Eso puede verse en la historia del desarrollo del ambientalismo global. Es posible postular que para que se desarrolle una conciencia ambiental en una sociedad son necesarias ciertas condiciones: el desarrollo de una ciencia fuerte, libre, comprometida y responsable; una sociedad con capacidad real para incidir en la toma de decisiones a través de la participación, una prensa libre y una sociedad educada. Esas condiciones sólo se dan de manera completa en democracia.
Es muy importante el tema educativo. Sólo países con un nivel de formación adecuada pueden encontrar soluciones justas a los complejos problemas derivados del desarrollo humano, en particular el sustentable. Por el contrario, la ignorancia es un factor que favorece la destrucción ambiental y, por lo tanto, el de la calidad de vida de la población. Ya lo dijo Bolívar: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”. Esa frase sigue siendo totalmente válida.
Por eso es que todos los gobiernos autoritarios del mundo, de izquierda a derecha, desde Trump al gobierno de Venezuela, atacan a esos factores. Tenemos que entender que la democracia es un proceso de balances que impiden el desarrollo de poderes excesivos en ninguna parte de la sociedad. Y aquí volvemos a la idea de la mina como poder. Uno que destruye y corrompe. Por eso tiene que tener el control de una sociedad participativa, educada, científicamente empoderada y con libertad de expresarse para ponerle límites a los daños que genera.
Alejandro, una última reflexión sobre el ¿qué hacer con la minería?
Alejandro Álvarez: No hay respuestas simples a esa pregunta. Lo primero que se le puede ocurrir a uno es prohibirla del todo. Quizás en algunos casos habría que hacerlo por los enormes costos que genera. Esa fue la idea detrás de la recién aprobada, en primera discusión, Ley que prohíbe la minería en la zona delimitada por el Arco Minero del Orinoco. Lo que no estoy seguro es si esa ley sería aplicable en la práctica, peor aún, si la misma no es discutida y consultada con las comunidades de esa región. Volvemos al tema de la democracia.
No es suficiente con tener buenas intenciones y tomar decisiones que a primera vista suenan buenas, tales como crear Áreas Protegidas o prohibir la minería.
En el primero de los casos tenemos un antecedente importante en el caso de la creación del Parque Nacional Caura, idea que fue rechazada por las comunidades indígenas presentes en ese territorio desde mucho antes de que esta ABRAE fuese decretada. Las comunidades indígenas argumentan que esa figura jurídica puede impedir la realización de su derecho a la demarcación de los territorios indígenas y a su uso pleno de los mismos. Si ese proceso fuese menos “efectista” y si más efectivo deberíamos buscar alternativas para la administración de áreas protegidas por parte de las comunidades que existen dentro de las mismas. Esto ya se ha probado en diversas partes del mundo.
¿Qué se va a hacer con los mineros? ¿Qué alternativas se les pueden ofrecer? Porque muchos de ellos son personas pobres que fueron empujadas a la pobreza y la desesperación, para luego quedar bajo el control de las bandas delincuenciales que controlan la minería.
Por otra parte, tienes el problema del involucramiento de las propias comunidades indígenas en la actividad minera. Personas que expresan como algunos líderes Yekuana que “el oro puede con todo” o “si yo tengo que pagar a precio de oro todo, la gasolina con que me muevo, la comida, la ropa… ¿lo puedo obtener de un conuco tradicional?”, o en el caso de las comunidades Pemón de la Gran Sabana que sienten que viven en una enorme precariedad económica y la minería les permite tener la capacidad de resolver algunos de sus problemas más urgentes.
Pero la constatación de esas dificultades no es resignación, ni abandono. Es decir, que las situaciones difíciles necesitan de soluciones creativas, serias y muy bien discutidas y negociadas con todos los actores involucrados. Pensando en voz alta, deberíamos apostar a la creación de modelos de sustentabilidad local que impliquen la mezcla de recursos sustentables de bosque y turismo con otras alternativas posibles locales que permitan ir avanzando hacia modelos de vida económica, social, y ambientalmente sostenibles ¿Cómo se trabaja eso? Con paciencia, con democracia, con conciencia y, aparte de todo eso, con mucha ética. Una ética profunda, ética de la tierra, ética de la gente y del respeto.
Existen excelentes antecedentes y experiencias que podemos usar. Un caso es el trabajo que se viene haciendo en comunidades en El Caura, donde se vienen promoviendo procesos de participación y formación con comunidades locales que permiten acuerdos de conservación de bosques, en los cuales la comunidad puede extraer semillas de alto valor en el mercado internacional. No es un trabajo para nada fácil en nuestra realidad actual. Pero es un camino muy interesante. Es el único camino que tenemos ante la destrucción total que nos plantea la minería que destruye vidas, culturas e incluso a la propia democracia.
*Alejandro Álvarez. Licenciado en Biología y Doctor en Ciencias. Ambientalista y defensor de los derechos humanos ambientales. Coordinador de la Coalición Clima 21.
Fuente: Boletín N° 3. Desarmando el Arco Minero (P. 42). [pdf-embedder url=”http://revistasic.gumilla.org/wp-content/uploads/2019/09/Boletin-3-Desarmando-el-Arco-Minero.pdf” title=”Boletin 3 Desarmando el Arco Minero”]
