Por María Gabriela Cuevas García*
Hoy me he topado con dos fotografías en las que aparecen al menos 14 hombres jóvenes en una jaula, todo el espacio del suelo está ocupado por la mayoría de ellos allí sentados, completamente pegados entre sí, por lo que otros tantos están suspendidos en hamacas improvisadas que cuelgan del enrejado de la parte de arriba (a poca distancia del techo del lugar). Están a medio vestir, descalzos, en medio de basura. En esas fotos se ve el hacinamiento, la falta de medidas de prevención de la Covid-19 (sin distanciamiento, sin tapabocas…), falta de higiene; se ven las condiciones indignas a las que se les somete.
El drama que describo a partir de esas fotos no sorprende, porque es la verdad que a diario denuncian las organizaciones de derechos humanos y los familiares de quienes están privados de libertad en Venezuela.
Lo que sí sorprende, hasta generar dolor y vergüenza, es que esas imágenes fueron hechas y publicadas en Twitter el 12 de agosto por la Defensoría del Pueblo del estado Sucre, y retwitteadas por el Defensor del Pueblo de nuestro país, quienes al parecer pretenden mostrarnos que están haciendo su trabajo al realizar una:
“labor de vigilancia en el Destacamento 531/4ta de la Guardia Nacional Bolivariana, con Sede en Santa Fe, Parroquia Raúl Leoni, Estado Sucre. Así mismo, se conversó con los privados de libertad”.
Pero, sin que se pueda apreciar algún cuestionamiento por el hacinamiento, algún llamado de atención, algún compromiso para cambiar esa situación
La DdP-SUCRE realizó hoy miércoles 12 de agosto, labor de vigilancia en el Destacamento 531/4ta de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en Santa Fé, Parroquia Raúl Leoni, Estad Sucre. Así mismo, se conversó con los privados de libertad que se encuentran en el lugar. pic.twitter.com/3t2tO3MPN1
— Defensoría Sucre (@defen_sucre) August 12, 2020
¿Qué pasa en las mentes de nuestros funcionarios públicos? ¿Qué pasa en las mentes de quienes forman sus equipos de trabajo? Muestran con naturalidad una total pérdida del valor de la dignidad humana, y eso, viniendo de altas autoridades, se convierte en ejemplo (en mal ejemplo) para el resto de la ciudadanía, y se va cimentando como parte de la cultura.
Es ardua la labor de la ciudadanía organizada educando en valores, rescatando la idea de que quienes habitamos en este país somos todos hermanos y debemos tratarnos como personas, y que lo contrario nos deshumaniza. Prácticas generalizadas que provienen de funcionarios públicos, como la que arriba describo, hacen más difícil aún el trabajo de las organizaciones, especialmente cuando provienen de funcionarios que tienen atribuida la misión de garantizar los derechos humanos y fomentar su respeto denunciando las violaciones. Sin embargo, mientras más atropellos se comenten, más víctimas y familiares de víctimas se comprometen en la lucha en favor de los derechos.
Pretendo publicar esto, aunque es posible que alguien diga que en alguna parte fue publicada la posición del Defensor del Pueblo, y que mi sentida crítica se debe a desinformación. Yo estaría absolutamente de acuerdo en que un enorme problema que tenemos es que estamos desinformados: tuve que revisar Twitter porque estaba buscando documentos de la Defensoría, pero no hay disponible página web de esta, como hace 15 días buscaba la página web de la Fiscalía General de la República y tampoco había disponible.
A diario, cada habitante de Venezuela se pregunta, con respecto a cada funcionario que no está sirviendo al país sino a sus intereses ideológicos, de su partido o personales ¿Por qué no renuncia?
Caracas, 14 de agosto de 2020.
*Abogada. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista SIC.
