Diversas Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la defensa y promoción de Derechos Humanos en el país junto con otras organizaciones sociales, presentan a la opinión pública y al Gobierno Nacional, una iniciativa conjunta que pretende sentar las bases para la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos que esté enmarcado en el Plan de Desarrollo de la Nación 2008-2013.
En tal sentido, la agenda propone un conjunto de recomendaciones de carácter normativo sobre la base del respeto y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, para ser aplicados en el ámbito de las políticas públicas.
Se trata pues, de poner los Derechos Humanos en el primer lugar de la agenda pública nacional, con el fin de fortalecer el Estado democrático y social de Derecho y Justicia, y de promover una democracia participativa, protagónica y pluralista.
Esta iniciativa es la continuación de la Agenda por la Vida presentada por un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos en 1997, que en discusión con organismos del Estado, derivó en un Plan Nacional de Derechos Humanos que lamentablemente no incorporó todas las propuestas ni logró cumplir con los resultados esperados.
Posteriormente, en el marco del proceso Constituyente, ONG’s del área de Derechos Humanos presentaron las “Bases para una Agenda Constituyente 1998”, convencidos de que era el espacio ideal para efectivamente incidir en la promoción de principios y obligaciones en materia de Derechos Humanos, cuyo resultado fue la incorporación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Título III denominado: “De los Derechos Humanos, garantías y deberes”, considerado un texto progresista en la materia.
La propuesta de este año, contempla propuestas en el marco del derecho a la vida, alimentación, educación, a un ambiente sano, a la identidad, a la integridad personal, a la justicia, a la libertad de expresión, a la libertad personal, a la objeción de conciencia, al asilo y refugio, a la salud, al trabajo, a la tierra, a la seguridad social, a la vivienda, derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las personas privadas de libertad, y de los pueblos indígenas.
En tal sentido, la Agenda por los Derechos Humanos y la Democracia plantea, entre otras cosas, la ejecución de un plan docente que incorpore la formación en Derechos Humanos a nivel de Educación Básica, la erradicación de las prácticas de tortura, abusos y maltratos físicos y mentales por parte de los funcionarios de seguridad, la prohibición de juicios de personas civiles en la jurisdicción militar, la promoción del acceso a la información pública a todos los ciudadanos, garantizar que en todos los centros de detención exista un registro de datos detallado y actualizado de los detenidos, la implementación de un plan integral de prevención de la violencia infantil, garantizar la demarcación de tierras de los pueblos indígenas con la participación protagónica de éstos, garantizar el derecho al debido proceso a las personas que soliciten refugio, aumentar la inversión pública en materia de salud, desarrollar un plan de control de armas en la población civil, implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reforma Policial, adoptar medidas eficaces para eliminar cualquier forma de discriminación en el trabajo, dar continuidad al proceso de distribución de tierras a campesinos y cooperativas, investigar exhaustivamente las denuncias de violación al derecho a la vida y aplicar las debidas sanciones en el caso de que corresponda, intensificar el Plan Nacional de Vivienda, y acabar con la práctica de desalojos forzosos.
