Lissette González
Imagino que usted, al igual que muchos conciudadanos, ha tenido la oportunidad de cerrar la puerta o tirar el teléfono a algún encuestador. Forma parte de la cotidianidad en una ciudad hostil como Caracas. Quizás nunca se ha preguntado quién es ese encuestador o qué significa ese rechazo para él y el proyecto de investigación que hay detrás. A este “detrás de las encuestas” se dedican las próximas líneas.
Mi acercamiento a las encuestas e investigaciones de campo de otros tipos comenzó hace unos cuantos años ya. Las primeras grandes encuestas que hicimos desde la UCAB se enfrentaban con la dificultad de que nuestros encuestadores (muchachos de clase media, estudiantes de ciencias sociales) tenían temor de acercarse a zonas populares y marginales urbanas por su desconocimiento. Frente a esa realidad la coordinación decidió pagar mejor las encuestas realizadas en barrios, porque de otra forma no tendríamos suficientes voluntarios para cumplir las cuotas en esas zonas de la ciudad.
A los pocos días, sin embargo, la realidad se impuso: no sólo los que se anotaban en zonas populares ganaban más por encuesta, además, en el tiempo que se tomaba lograr una encuesta completa en una urbanización consolidada del este de la ciudad, los encuestadores en los barrios lograban 4 o 5. Pronto, se impuso la lógica de mercado y masivamente los muchachos se anotaban para los operativos en zonas populares. Tal como ilustra la economía, pronto no hizo falta un pago diferenciado para incentivar la participación en las zonas más deprimidas.
Más interesante que el tema de la remuneración es recordar las historias de los encuestadores en las urbanizaciones de Caracas: muchachos perseguidos por perros en La Lagunita, reiteradas e interminables reuniones con vigilantes, juntas de condominio y asociaciones de vecinos, encuestadores haciéndose pasar por pacientes de un dentista o afín para superar la barrera del intercomunicador en un edificio de uso mixto… todo por lograr llegar a la puerta de los apartamentos, por estar cara a cara con los posibles informantes y recurrir a la simpatía o la lástima para lograr completar la encuesta. Y estas historias no son nuevas; todas estas anécdotas, verídicas, datan de 1995 a 1997 cuando me tocó trabajar en múltiples trabajos de campo.
Sin embargo, ahora la situación es complicada no sólo por la inseguridad, también por la polarización política. Nuestros estudiantes pasan trabajo cuando deben acercarse a trabajar en campo con comunidades de mayoría oficialista, donde pueden ser recibidos con reticencia por venir de una universidad con imagen vinculada a la oposición. La misma dificultad enfrentan las instituciones públicas que tienen entre sus funciones recoger información imprescindible para el conocimiento de la situación social del país o para planificar y evaluar las políticas públicas.
Me preocupa particularmente toda la paranoia que se ha desatado en torno al censo de población y vivienda que se inicia dentro de pocos días: que si está hecho por los cubanos, que si las preguntas son invasivas, que se usarán para invadir… entre otros muchos temores no del todo injustificados de las clases medias urbanas. La inseguridad es un problema adicional, puesto que no hay muchas certezas: ¿los empadronadores tendrán alguna clase de uniforme?, ¿cómo saber si la credencial del empadronador es real? Ciertamente, la campaña informativa del INE no parece suficiente para disminuir los temores de la población.
Por otra parte, ¿para qué necesitamos el censo? Para saber la magnitud de la población venezolana, su composición por edad y sexo, la tendencia de las migraciones internas, la distribución entre las distintas entidades federales, por sólo centrarme en algunos temas de interés desde el punto de vista demográfico. Las omisiones (es decir, población no censada) afectarán especialmente a aquellos sectores que decidan no censarse: es decir, menos datos para que alcaldías y gobernaciones de oposición puedan planificar sus políticas y… peor aún: menos población censada implica menor asignación presupuestaria por situado constitucional. Es decir, si los bastiones opositores deciden no censarse, los principales perjudicados serán ellos mismos y sus gobiernos locales y regionales. Además, por supuesto, del nuevo gobierno que esperaríamos tener a partir de 2013.
Cuando recién terminaba el paro de 2002-2003, mi colega y buen amigo José Luis Fernández me dijo “para entender lo que está pasando hay que leer La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa. Como ese libro estaba en casa engrosando mi larga lista de títulos pendientes, ahí encontré una excusa perfecta para leerlo. Me pareció asombroso que tanta incomprensión, tanta lejanía sean posibles en un mismo pueblo, pero nuestra situación política de aquellos días no distaba mucho de ese ejemplo.
La semejanza más sorprendente es, sin embargo, que los grupos sociales urbanos, de clase media y alta, liberales, que profesan un interés en el desarrollo del país para insertarse en el siglo XXI compartan las mismas consignas de un movimiento mesiánico del siglo XIX; como decía el Antonio Consejero: “en contra del censo y del sistema métrico decimal”.
