Por María Elena Corrales*
En las últimas dos décadas el Gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una estrategia sistemática de destrucción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), marcada por el resquebrajamiento de la institucionalidad sectorial y la desprofesionalización, favoreciendo así altos niveles de corrupción. El estudio presentado explora cómo esta estrategia ha contribuido a la profundización de la crisis humanitaria compleja que sufren los venezolanos, entendiendo que sus consecuencias pueden ser catalogadas, incluso, como violaciones masivas de sus derechos humanos.
El colapso del SEN: violación de los derechos de la población
A partir de 2014 diversas organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a advertir a los organismos multinacionales de protección de derechos humanos, sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. El mal funcionamiento del sistema de salud y la escasez creciente de insumos médicos y alimentos fueron las primeras señales de que el país se adentraba en una crisis de grandes proporciones. El informe de HRW (2016) 31 concluía que la escasez se había agravado y Venezuela atravesaba una profunda crisis, que impedía que muchas personas tuvieran acceso a una nutrición adecuada y atendieran sus temas de salud. Sobre la actitud asumida por el Gobierno venezolano ante la escasez, el informe concluye que no existían indicios de una respuesta oportuna, conducente a mitigar y resolver las condiciones que daban origen a la crisis.
Desde fines de 2017, se acelera un proceso hiperinflacionario que agrava y debilita la situación venezolana en un ambiente de confrontación política que, al no resolverse, impide atender las razones de la crisis. En este entorno, la situación venezolana fue calificada como una emergencia humanitaria compleja (EHC) en la medida que no ha sido la consecuencia de una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino de decisiones políticas que han comprometido gravemente la capacidad de la autoridad pública para proporcionar servicios y protección vital a la población. El deterioro del SEN contribuye a darle sustento a esta declaración, ya que existe un vínculo directo entre el acceso confiable a la electricidad, el crecimiento económico y el bienestar de la población.
Los impactos sobre la economía: empleo y abastecimiento
Las fallas en el servicio eléctrico han sido un factor concurrente en la debacle económica del país. Baste para ilustrarlo que, tan temprano como en diciembre de 2009, la crisis eléctrica originó pérdidas enormes en el complejo industrial de Guayana. En efecto, el entonces presidente Chávez ordenó cortar el suministro eléctrico a dicho complejo industrial que consumía unos 2 mil 500 MW, con el fin de garantizar el suministro eléctrico de Caracas32. Ello implicó apagar más de la mitad de los hornos eléctricos de la empresa siderúrgica, y clausurar y desmantelar buena parte de las doscientas celdas de reducción electrolítica de las empresas de aluminio. A pesar de las advertencias técnicas, por el contrario, el corte fue realizado y el complejo industrial de Guayana entró definitivamente en una fase de decadencia de la cual aún no se recupera.
Al cierre de 2019, la caída del PIB será, como mínimo, de un 25 % y, en total, la economía venezolana perderá casi 70 % de su valor entre 2013 y 201933; siendo este “el mayor colapso económico sucedido en un país sin guerra en al menos 45 años”34. Como consecuencia del gran apagón de 2019, se estima que las pérdidas monetarias alcanzaron unos US$ 5,51 mil millones lo cual equivale a 6,4% del PIB de 201835. Muchas de estas pérdidas son de carácter permanente, como el referido impacto sobre el complejo Guayana y las derivadas de obstrucciones en los oleoductos de la Faja Petrolífera del Orinoco, producto de la solidificación del petróleo pesado. Otras son calculadas a partir del impacto de las fallas eléctricas y el consiguiente racionamiento sobre la actividad industrial y comercial, agravándose con ello los problemas del empleo y la crisis de abastecimiento.
Los impactos sobre las condiciones de vida: salud, educación y otros servicios
Las consecuencias directas de los cortes de electricidad sobre las condiciones de vida de la población venezolana son también catastróficas. La falta del servicio eléctrico desencadena la suspensión en los servicios de agua potable y agrava las condiciones de los centros de salud36. Igualmente, durante los “apagones” los servicios de transporte masivo se detienen y se presentan fallas en los surtidores de gasolina, complicándose el transporte de personas y mercancías. Adicionalmente, debido a que la forma de pago de mayor uso en el país es por vía electrónica37, la población se ve restringida para realizar el pago de bienes y servicios restringiéndose el acceso a los alimentos y otros servicios básicos38.
La Encuesta Nacional de Hospitales (2018)39 reportó que el 68 % de los hospitales presentaron cortes del servicio eléctrico, y de ellos el 57 % no disponía de plantas de emergencia eléctrica operativas. Adicionalmente, el 32 % de los hospitales reportó fallas en equipos y reportaron que 79 pacientes murieron como consecuencia de los apagones de 2018. Producto de los apagones de marzo, 2019, la encuesta indicó que dieciocho de los cuarenta hospitales monitoreados se encontraban o bien sin luz (siete) o con sistemas de emergencia parcialmente funcionando (once) y se contabilizaron un total de veintiún fallecimientos como resultado de las fallas eléctricas40.
Finalmente, la falta de energía produjo una paralización sustancial de las actividades académicas y culturales durante el mes de marzo, que ha tendido a prolongarse en muchas regiones del país. Si bien la paralización que se ha venido produciendo no es solo consecuencia de la emergencia eléctrica, no cabe duda que el colapso agrava esta situación y agudiza la pérdida en la calidad de vida de la ciudadanía. Según reportó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA41, en el mes de marzo de 2019 los estudiantes de educación básica y secundaria solo tuvieron seis días de clases y el plan de racionamiento eléctrico42 anuló el turno educativo de la tarde y redujo el tiempo de permanencia de los niños y jóvenes en los establecimientos educativos.
La contribución del colapso del SEN sobre la EHC en Venezuela es innegable. A pesar de que la Ley consagra “…el acceso universal al servicio eléctrico, el cual será garantizado por el Estado a todas las personas…”, tal acceso ha sido violado de manera recurrente desde 2010. Al respecto, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de junio de 201843 señala que: “Las instituciones estatales están perdiendo rápidamente la capacidad de proporcionar servicios esenciales a la población, como electricidad, agua y saneamiento y transporte público”. Esta apreciación es ratificada por Michelle Bachelet en marzo de 201944, al señalar que:
La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece un conjunto de principios y derechos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Venezuela, en tanto país miembro de las Naciones Unidas, se encuentra en franca violación de tales derechos. Recuperar el SEN se convierte en una tarea urgente y en una condición necesaria para la superación de la crisis humanitaria que está destruyendo la economía y la sociedad venezolana.
Ver también: Colapso del sistema eléctrico nacional: crónica de una destrucción (I) y Colapso del sistema eléctrico nacional: crónica de una destrucción (II)
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*María Elena Corrales. Ingeniero químico (UCV). Consultora internacional con especialidad en servicios públicos y evaluación de procesos y programas de reforma institucional.
Fuente: Revista SIC | edición impresa N° 819 | noviembre 2019.
Referencias:
(31) Human Rights Watch (HRW, 2016). Crisis Humanitaria en Venezuela. Octubre, 2016.
(32) PRAT, D. (13 de marzo de 2019): “El apagón madurista es el remate ‘robolucionario’ de la destrucción de Venalum y Alcasa”. En: Tal Cual.
(33) Según cifras expresadas por el Fondo Monetario Internacional. Disponible en: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/VEN?year=2019
(34) KURMANAEV, A. (17 de mayo de 2019): “Venezuela vive la peor crisis económica para un país sin guerra, según los expertos”. En: The New York Times.
(35) Según la firma Torino Economics, la crisis eléctrica pulverizará como mínimo el 6 % del PIB en 2019.
(36) Durante el quinto día del último apagón eléctrico nacional, alrededor de 20 millones de personas no contaban con agua porque la infraestructura había dejado de funcionar.
(37) Desde hace ya varios años, los pagos electrónicos se han convertido en casi las únicas formas de pago dada la severa escasez de dinero en efectivo.
(38) Aula Abierta. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Octubre, 2018.
(39) Según la Encuesta Nacional de Hospitales, desde la ONG Médicos por la salud. Disponible en: https://www.encuestanacionaldehospitales.com/la-encuesta
(40) Prodavinci (2019): “Las horas oscuras”. Informe especial.
(41) Comunicado de prensa de la OEA del 5 de abril de 209, titulado “CIDH observa persistencia en afectación a los derechos humanos en Venezuela”.
(42) Gaceta Oficial Nro. 41623, Decreto Nro. 20
(43) “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Junio de 2018.
(44) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (20 de marzo 2019). Se necesita un acuerdo político para solucionar la vasta crisis de derechos humanos en Venezuela- Bachelet.
