El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) expresa su preocupación ante el aumento de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro contra miles de venezolanos que salieron a las calles ayer, 23 de febrero de 2019, para apoyar el ingreso de la Ayuda Humanitaria al país.
Desde tempranas horas del día, el OVCS registró manifestaciones protagonizadas principalmente por vecinos en todo el país, las cuales fueron reprimidas en al menos 12 estados. Esta situación dejó como saldo 295 heridos, en su mayoría, por heridas de armas de fuego, sustancias tóxicas y tratos crueles, humanos o degradantes.
Marco Antonio Ponce, coordinador de la organización no gubernamental, indicó que en ocho estados y el Distrito Capital se constataron ataques de grupos Colectivos Paramilitares con armas de fuego, tales fueron el caso de Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia.
Igualmente, se confirmó el asesinato de tres personas en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. Se trató de José Hernández (26); Emir Barreto (20); Cheo Alexis Fernández Suárez (40). Todos por heridas de bala.
“Existe información de otras cuatro personas asesinadas en medio de la represión del 23 de febrero en los estados Bolívar y Táchira, pero aún no han sido identificadas. Por tanto no las incorporamos al conteo general”, explicó Ponce.
En la represión actuaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Civiles Armados pro gobierno, denominados Colectivos Paramilitares, quienes imponen el miedo o terror como una estrategia de control social y persiguen a vecinos y líderes de la comunidad.
“Queremos destacar que esta no es una práctica aislada. Desde 2014 se ha venido empleando en Venezuela un patrón de violencia contra las manifestaciones, a través de cuerpos del Estado y grupos civiles que responden a intereses de quienes están en el poder desde hace dos décadas”, resaltó el coordinador del OVCS.
En el sistema de represión del Estado venezolano participan 10 componentes claramente identificados:
- Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), FAES, PNB y civiles armados pro gobierno.
- En la mayoría de las protestas donde actúan los colectivos armados se registran manifestantes asesinados o heridos de bala.
- Uso de sustancias tóxicas y armas de fuego.
- Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
- Práctica de torturas.
- Detenciones arbitrarias.
- Detenciones y agresiones en zonas residenciales en horas de la noche.
- Allanamientos sin orden judicial.
- Agresión a periodistas.
- Procesamiento de civiles en tribunales militares.
Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social rechazamos las acciones de represión y violencia amparadas por el régimen de Nicolás Maduro, hacia una población desesperada y vulnerable por el impacto de Emergencia Humanitaria Compleja y que exige pacíficamente el respeto a sus derechos humanos.
En los últimos ocho años, el OVCS ha documentado 59.787 protestas, de las cuales 48.966 ocurrieron bajo el mandato de Nicolás Maduro entre 2013-2018.
Con las acciones del 23 de febrero, de impedir el acceso de la Ayuda Humanitaria haciendo uso de la represión contra civiles, se está propiciando un escalamiento de la violencia en el país. Exhortamos a los funcionarios venezolanos a permitir el ingreso de la Ayuda Humanitaria para atender a la población con alimentos y medicinas.
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
