Por WOLA
El 3 de diciembre, representantes de gobiernos de las Américas se reunirán en Bogotá, Colombia, para abordar la crisis venezolana en el marco del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Aunque 19 países de todo el hemisferio son miembros de la TIAR, no ha habido ninguna invitación a la sociedad civil regional para compartir preocupaciones y proporcionar recomendaciones de expertos a nuestros homólogos oficiales.
Por esta razón, 28 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y otros países del hemisferio han firmado una carta (en inglés y en español) pidiendo a nuestros respectivos gobiernos que se adhieran a las normas de la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto a la participación de la sociedad civil en el curso de las reuniones del Órgano de Consulta. Si bien nuestra petición de participar en la reunión del 3 de diciembre ha sido denegada, solicitamos respetuosamente que los gobiernos regionales incluyan a la sociedad civil en futuras reuniones en el mecanismo del TIAR.
Los gobiernos de nuestro hemisferio han jugado un papel fundamental en denunciar la grave situación humanitaria y política de Venezuela. Los últimos años han visto un asalto continuo contra las instituciones democráticas en el país y numerosas violaciones de derechos humanos, como la violencia contra los manifestantes, la represión de la disidencia y la persecución de la legítima Asamblea Nacional. En organizaciones multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en organismos ad hoc como el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional, nuestros gobiernos han enfocado la atención internacional en la brutal realidad de la crisis venezolana. Estos espacios multilaterales son herramientas fundamentales en la búsqueda de una solución democrática en Venezuela.
Sin embargo, hasta la fecha en las reuniones de estos organismos, los esfuerzos para incorporar la participación de organizaciones de la sociedad civil venezolana y de otros países de la región han sido escasos. Considerando que el Órgano de Consulta del TIAR se convocó por primera vez mediante una resolución del Consejo Permanente de la OEA, creemos que este órgano debe adherirse a las normas del Sistema Interamericano sobre la participación de organizaciones no gubernamentales. Valoramos que en la más reciente 49ª Asamblea General de la OEA los estados participantes adoptaran la resolución AG RES. 2933 (XLIX-O/19), en la que se comprometieron “continuar fortaleciendo e implementando espacios y mecanismos eficaces y acciones concretas para apoyar y promover activamente el registro de las organizaciones de la sociedad civil.” También señalamos que esta Asamblea General resaltó la resolución CP/RES.759 (1217/99) que establece que “las organizaciones de la sociedad civil podrán asistir a las actividades de la OEA, hacer presentaciones, proporcionar información y, a solicitud de los órganos, organismos y entidades de la OEA, prestar asesoría especializada”.
Existe un claro consenso hemisférico de que la sociedad civil es vital para fortalecer la democracia, el desarrollo y la protección de los derechos humanos en las Américas. En este contexto, pedimos que apoyen nuestra solicitud de crear un espacio en la próxima reunión del Órgano de Consulta de los Estados parte del TIAR en el que las organizaciones de la sociedad civil puedan presentar información sobre aspectos relevantes de la crisis de Venezuela y la respuesta internacional. En particular solicitamos espacio para insistir que en sus esfuerzos para resolver la crisis venezolana, los gobiernos regionales sigan las siguientes recomendaciones:
Abstenerse de apoyar el uso de la fuerza e insistir en una solución política y no violenta que restaure la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Una opción militar seguramente resultaría desastrosa para todos los involucrados y exacerbaría la crisis migratoria regional. Además, mantener una llamada opción militar sobre la mesa como una posible alternativa política no ha demostrado ser una estrategia de presión efectiva. En cambio, ha servido de incentivo a posiciones extremas y ha perjudicado la organización política unificada dentro del país.
Asegurarse que cualquier sanción económica evite exacerbar la emergencia humanitaria compleja del país. Las investigaciones muestran que las sanciones económicas generales, además de contribuir al sufrimiento generalizado, en su mayoría no logran los resultados deseados. En cambio, las sanciones son más efectivas cuando están dirigidas a personas específicas por situaciones relacionadas con corrupción y violaciones de derechos humanos, y vinculadas a resultados específicos y concretos, y cuando las condiciones para su levantamiento se comunican claramente.
Apoyar una respuesta humanitaria de mayor alcance. La comunidad internacional debe abordar la crisis humanitaria por apoyar a actores con experiencia y que están trabajando en el terreno en aspectos de la crisis humanitaria. Esto incluye organizaciones humanitarias independientes, nacionales e internacionales, y agencias de las Naciones Unidas activas en Venezuela. Hasta la fecha, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para el último trimestre de 2019—que en su conjunto ni siquiera satisface todas las necesidades de la población—ha recibido solo el 14 por ciento de los US$ 223 millones necesarios para su implementación.
Instar al Secretario General de la ONU a participar más activamente en la respuesta a la crisis de Venezuela, a través de sus voces y votos en las Naciones Unidas. Consideramos que el Secretario General podría tener un papel importante en promover apoyos para una solución política en Venezuela, así como una respuesta humanitaria más fuerte tanto dentro del país como frente a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas en la región.
Realizar toda la incidencia posible para la pronta restitución de los derechos humanos al pueblo venezolano. Es imperativo seguir insistiendo en el derecho a la participación política y electoral de los venezolanos y una salida que les permita ser consultados de manera soberana, libre, transparente y democrática sobre su destino.
Organizaciones firmantes:
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Venezuela
Acción Solidaria, Venezuela
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Venezuela
Caleidoscopio Humano, Venezuela
Labo Ciudadano, Venezuela
Asociación Civil AMBAR, Venezuela
Asociación Civil Reforma Judicial, Venezuela
Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad, y Paz (FUNPAZ), Venezuela
Proyecto Hikola, Venezuela
Red Feminista Mérida, Venezuela
Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía-Wataniba, Venezuela
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU), Venezuela
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
La Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, Colombia
Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia, Colombia
Pastoral Social Cáritas Colombiana, Colombia
Misión Scalabriniana Ecuador, Ecuador
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Ecuador), Ecuador
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Serviҫo Jesuíta a Migrantes e Refugiados, Brasil
La Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, Chile
Sin Fronteras IAP, México
Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), República Dominicana
Servicio Jesuita a Refugiados – Latin America and the Caribbean (SJR-LAC), Internacional
Foro Penal, Internacional
Athena Lab for Social Change, EE.UU.
Washington Office on Latin America (WOLA), EE.UU.
