Cuando se cumplen 10 años de los sucesos de abril del 2002, interrupción del hilo constitucional y asesinatos de casi una veintena de manifestantes, habría que preguntarse cuáles han sido los mecanismos que han permitido la impunidad en ambos acontecimientos. Los hechos de una década atrás han sido utilizados como parte de la retórica confrontacional polarizada, sin consecuencias efectivas en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Como ha sido insistentemente recordado, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo tienen la voluntad política ni la imparcialidad y transparencia, para estimular una investigación que sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos en aquellos días aciagos.
Rafael Uzcátegui. Seguir leyendo en la web de Provea
