Por Claudia Vargas
Venezuela es un país conocido como receptor de inmigrantes, sin embargo, eso ha variado en la última década. La crisis generalizada en el país que se traduce en inseguridad personal, jurídica, escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos además de los problemas con servicios públicos (agua potable, luz eléctrica y transporte) impide satisfacer las necesidades más fundamentales de muchos venezolanos, convirtiéndose en un detonante para que sean cada vez más las personas que toman la decisión de salir del país a buscar mayor y mejor calidad de vida.
De este hecho no escapa el sector educación y más específicamente el universitario, al que no solo ha afectado la crisis por el limitado otorgamiento de recursos desde el Estado (en el caso de universidades públicas) que reduce la posibilidad de hacer actividades de investigación y extensión dejando a la Universidad apenas con la capacidad de cubrir el pago de sus trabajadores y algunos requerimientos inmediatos, sino que repercute en la disminución de su matrícula y también de su planta de profesores, ambos grupos parten de Venezuela procurando encontrar las oportunidades que no tiene el país.
Se estima que al menos 4 de 10 profesores universitarios han renunciado a la Universidad en Venezuela y más del 60 % de ellos ha salido del país según la Asociación de Profesores UCV, lo cual significa la pérdida de su capital intelectual, el cierre de líneas de investigación y el deterioro en el mediano y largo plazo en el cumplimiento de la actividad docente.
En el caso de los estudiantes, es cada vez mayor la cifra de deserción dentro de las carreras regulares y también el incremento en trámites asociados a legalización para procedimientos consulares y de apostilla de sus egresados. En ambos, perdemos capital humano, intelectual y fuerza de trabajo con la que no podrá contar Venezuela para su desarrollo en perspectiva.
La migración venezolana actualmente es una de las más significativas en la historia de Latinoamérica y obedece a factores negativos del contexto, por lo cual, mejorando las políticas internas en materia económica, de salud, social y alimentaria y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, además de procurar desde el Estado políticas que permitan re-conectar venezolanos a través de proyectos concretos en diversas áreas; podría mitigar el efecto en pérdidas intelectuales, humanas y capacidad productiva que tenemos como resultado del proceso de migratorio, lo que sin duda sería un avance.
Sin embargo, para que esto ocurra es necesaria la voluntad política del Estado en primer lugar por reconocer que la migración es un problema en Venezuela por las circunstancias en las que se vive y segundo, llevando a cabo acciones concretas para empezar a generar los cambios que internamente son necesarios.
