Wooldy Edson Louidor
El presidente haitiano, René Garcia Préval, pidió el pasado 26 de septiembre, ante la sexagésima segunda Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mantenimiento de la fuerza militar de la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH) para “consolidar los avances en materia de paz y seguridad” en Haití.
Al mismo tiempo, se acrecienta el temor en la población ante un eventual recrudecimiento de la violencia en el país. Datos recientemente comunicados por la MINUSTAH revelaron que sólo en Puerto Príncipe se registraron más de 40 casos de secuestro durante el último semestre (de junio a septiembre), así como 40 casos de homicidio y 10 casos de violaciones sexuales en los meses de julio y agosto.
El proceso de paz debe ser acompañado, según el mandatario haitiano, por “el combate a la pobreza” que afecta a la gran mayoría de la población haitiana (más del 75% de un total de 8.5 millones de habitantes) y que constituye “la condición esencial para poner fin a la violencia”.
Si bien la paz y la seguridad son condiciones importantes para lograr el desarrollo socioeconómico del país; un mínimo de bienestar social es indispensable para que la población, principalmente los grupos vulnerables de los barrios populares y de las clases desfavorecidas pueda satisfacer sus necesidades básicas, vivir dignamente y construir una cultura de paz.
En Haití la inseguridad no se puede combatir solamente custodiando y acuadrillando el territorio del país con armas y tanques de guerra, sino ayudando a sus habitantes a gozar de su derecho a una vida digna.
Más que la violencia, la miseria y la escasez de oportunidades para salir de ella, están provocando actualmente el desplazamiento de cada vez más ciudadanas y ciudadanos haitianos quienes llegan incluso a poner su vida en riesgo en pequeñas embarcaciones y en cruces fronterizos ilegales para ir en busca de mejores oportunidades a República Dominicana, país vecino, y a otras islas del Caribe, principalmente Bahamas, Turcos y Caicos, así como a las costas estadounidenses de Miami.
La comunidad internacional está llamada a agilizar el desembolso de los fondos prometidos al actual gobierno haitiano para que pueda empezar las labores de reconstrucción del país satisfaciendo conjuntamente ambas necesidades de estabilidad y desarrollo socioeconómico.
Por su parte, la actual administración haitiana debería elaborar, junto con los diferentes actores de la sociedad, un proyecto de reconstrucción nacional a la vez coherente, consistente y viable que sea capaz de articular la necesidad de consolidar la paz y la estabilidad con el impulso del desarrollo socioeconómico.
